- Con todo ese billete nos compramos dos mil plays. 

Uno de los agentes miró el dineral que habían colocado sobre la mesa de la Aduana Aérea del Callao, 440.000 euros milimétricamente ordenados, y realizó una rápida conversión a soles que lo dejó pasmado. El descubrimiento de los fajos camuflados dentro de una caja de Play Station no lo había impresionado tanto como el cálculo mental que ejecutó en segundos. Luego, con más resignación que esperanza, soltó aquella frase.

La historia del Play Station fue el hilo de la madeja para llegar al dueño del dinero, Christian Olivo Gonzales, un limeño de 40 años que no exhibía su prosperidad, pero que parecía bendito para los negocios. En pocos años había creado La Gran Manzana, que no era un juguería, sino una empresa que importaba laptops desde sus filiales en Estados Unidos y Europa, y una agencia de aduanas en el Callao. Además, era dueño de departamentos en Miraflores y San Isidro, terrenos fuera de la capital y locales en la cotizada galería del emporio de las computadoras, videojuegos y software de la avenida Wilson, Ciberplaza. Su fortuna acabó aquel 3 de junio del 2011 cuando Aduanas le confiscó los 440.000 euros que iban camuflados en la caja de videojuegos que él había importado desde España.

Un año después, cuando el caso del Play Station ya estaba en el olvido, un grupo de la Policía Antidrogas y de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) se reunieron y escucharon alarmados cientos de audios grabados por el equipo de interceptación telefónica legal bautizado como Constelación. Todas las conversaciones tenían el mismo patrón: el tráfico de dinero trasnacional, pero no solo en encomiendas importadas sino en vuelos comerciales procedentes del extranjero. En los últimos meses, seguimos esta pista inicial y descubrimos un panorama desolador pese a la prohibición, vigente desde el 2012, de ingresar o salir del país con más de US$ 30.000.  

Esta investigación periodística —inédita por el acceso a los reportes de la Dirandro, Aduanas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— permitió crear una base de datos de 160 casos de incautaciones ocurridas desde el 2007 por un total de US$ 17 millones, y concluir que operadores del crimen organizado son enviados desde capitales en Latinoamérica, Europa y Asia para crear un corredor de ingreso de dinero clandestino por el aeropuerto de Lima, el río Amazonas y la carretera Interoceánica cerca de Brasil, así como por los puestos fronterizos con Bolivia, Chile y Ecuador. 

Hasta ahora, la historia del trasiego clandestino de efectivo apenas había sido documentada en el Perú. De antaño quedan leyendas de avionetas cargadas de dinero en Medellín para comprar droga en el Huallaga en los años 80; los dichos de los operadores del capo Fernando Zevallos sobre maletas con cientos de fajos de dólares ingresando al aeropuerto en los 90; y la confesión del cajero de un cártel mexicano que introdujo equipajes con millones de dólares en vuelos comerciales procedentes de Guatemala en el 2001. Así era en el pasado. 

Hoy las mafias se pasean por el Salón Internacional del Jorge Chávez, dejando una huella indeleble en los reportes aduaneros. Las alertas del terminal aéreo se encienden cuando detectan a comerciantes peruanos llegando desde Madrid, Panamá y Aruba con euros acondicionados en su equipaje o mientras salen rumbo a Ámsterdam y Cantón con cajas de dinero. La lista de perfil de riesgo crece por la presencia de ecuatorianos, venezolanos y mexicanos procedentes de México DF, Caracas y Madrid (los favoritos de las organizaciones para la tarea de burriers) o sudafricanos y chinos que van y vienen desde São Paulo y Santiago con fajos de dólares pegados a sus cuerpos, al igual que cubanos, israelíes y japoneses con miles de euros en sus costosas Samsonite. La moneda europea es la favorita porque está mejor cotizada que el dólar y permite llevar más dinero en menos peso. El tope máximo: 500.000 euros por viaje.

El trayecto aéreo nacional es igual de frenético y tiene como destinos claves al Cusco y Ucayali así como tres ciudades de frontera: Madre de Dios, Juliaca y Tacna.  Por tierra, el efectivo fluye a través del frente de la selva y el altiplano. Circula camuflado en ómnibus interprovinciales y en modernas Toyota Hilux que recorren la Interoceánica rumbo a Puerto Maldonado e Iñapari (cerca de Brasil) y la frontera con Puno, a pocos kilómetros de los valles cocaleros de San Gabán y Sandia, y de uno de los mayores centros de minería ilegal: La Rinconada. Estos indicios son los más visibles, pero hay otros secretos del tráfico de dinero que permanecen en las sombras. Para conocerlos, hay que colocarse los audífonos de Constelación —ubicado en el sexto piso de la Dirandro en Miraflores— y escuchar.

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile lanzó la primera alarma el 3 de agosto del 2004. Ese día fue intervenido el peruano Alejandro Jara Rojas con 652.000 euros que no había declarado al ingresar al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Cuando lo interrogaron por el destino del dinero que traía en su mochila, dijo: “Vengo de la casa de cambio Amasban y voy a Turismo Costa Brava”. La historia se repitió tres días después con otro peruano, Alexis Portales Montoya, quien cayó con 480.000 euros. Semanas después, fue detenido el chileno Juan Lama Ortega con otros 420.000 euros. Todos tenían la misma procedencia y el mismo destino.

Hoy se conoce, luego de reconstruir uno de los primeros casos de trasiego de dinero en Perú, que un capo colombiano lavó más de US$ 100 millones (la mayor cantidad en euros) a través de pasajeros que llegaban de Bogotá con dinero camuflado, alquilaban las cuentas bancarias a decenas de peruanos para que realizaran miles de depósitos menores de US$ 10.000 (monto máximo sin ser reportado) a nombre de igual número de personas en la capital de Colombia. Cuando la UIF detectó estas operaciones, realizadas entre el 2002 y 2003, el efectivo empezó a desviarse a tres importantes casas de cambio en Lima: Amasban, Money Express (representantes de la multinacional Money Gram) y Global Exchange, que recibieron 26 millones de euros desde Colombia entre el 2004 y 2006.

El dinero ingresó clandestinamente al Perú gracias a correos humanos o a través de empresas de custodia de valores como Hermes y Prosegur. Luego fue transportado en un monto aproximado de 10 millones de euros por los dueños y empleados de Amasban y Money Express (la familia huancaína Velit Hurtado y sus empleados Alejandro Jara y Alexis Portales) rumbo a la casa de cambio chilena Turismo Costa Brava (que recibió otros 47 millones de euros por los dueños y empleados de Amasban y Money Express (la familia huancaína Velit Hurtado y sus empleados Alejandro Jara y Alexis Portales) rumbo a la casa de cambio chilena Turismo Costa Brava (que recibió otros 47 millones de euros desde Colombia), y de allí a su destino final: Estados Unidos. En el documento de escucha de la Policía se registró el diálogo interceptado a Mauricio Mazza Alaluf, —socio del peruano Sandro Velit Hurtado, dueño de Amasban y Money Express y pieza clave en la organización— tras recibir el dinero procedente de Lima. 

—¿Vas a ir a los Ángeles? —preguntó Mauricio Mazza. 

— Sí, es que hay mucho que llevar... toneladas [de dinero] —contestó su interlocutor. 

—No me interesa el monto. Solo quiero saber si vas a viajar, acotó el chileno. 

—Mejor dame un tiempo sin viajar para estar más tranquilo. 

—Este negocio no es para estar tranquilo. 

Tenía razón. El 5 de mayo del 2006, Mauricio Mazza fue intervenido en el aeropuerto de Los Ángeles por agentes de la DEA con 1.4 millones de euros en su maleta. El hombre de negocios iba a entregar el dinero procedente de Lima a una empresa de transporte de valores que llevaría el efectivo a una trasnacional dedicada al cambio de divisas y transferencias bancarias en Estados Unidos. Esta, a su vez, debía reenviar la moneda extranjera a Santiago y luego al punto original del dinero sucio: Colombia. Años después, tras juicios y condenas por lavado en los respectivos circuitos financieros de estos países, la historia volvió a repetirse, pero con otros personajes y en otro escenario: el mercado de cambistas informales del jirón Ocoña.

El 2007, el Banco Interbank empezó a observar con atención las operaciones de uno de sus clientes: Víctor Antonio Bustamante Flores. Este chalaco, cambista en el jirón Ocoña, era un cliente singular a sus 44 años. No tenía solvencia económica, pero manejaba fuertes montos de dinero en efectivo que luego transfería a compañías en países que conocía por referencias universales como Estados Unidos, Panamá y China, y a otros tan lejanos que ni siquiera sabía que existían como Hong Kong y Taiwán. No ha quedado establecido en qué fecha exacta sucedió, pero la entidad financiera le exigió información sobre sus llamativas operaciones, sin encontrar respuesta de su parte. Recién entonces el banco procedió a cancelar la cuenta en dólares del cambista por “transacciones inusuales y uso intensivo de efectivo”. Cuando esto ocurrió, él ya había transferido US$2.3 millones al extranjero, estaba reportado ante la UIF por el Banco de Crédito, el Continental y el Scotiabank por el envío de otros US$ 10 millones y era investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Antidrogas. 

Quizá sabía que le seguían la pista, pero no le importó y siguió en lo suyo. Apenas Interbank canceló su cuenta, Bustamante Flores estableció otro circuito para enviar dinero sospechoso fuera del país. El cambista empezó captando colegas de Ocoña, amigos personales y familiares, que luego reclutaron a otros colegas, amigos y familiares, que hicieron lo propio hasta conformar una comunidad que peregrinó por diferentes bancos de Lima. El pedido para los operadores  era sencillo, el trámite mecánico y la recompensa jugosa:  50 soles. Llegado el momento, Bustamante los acompañaba hasta la entidad, llenaba el formulario del caso y les entregaba el dinero en efectivo, luego los acercaba a la ventanilla para clientes, les pedía que mostraran su DNI y su tarjeta  de ahorros y que dijeran la palabra mágica: transferencia  bancaria al extranjero. Ese discurso era suficiente. 

El proceso se repitió un número incalculable de veces y con un número incalculable de personas. Tantas que los peritos financieros que hoy investigan el paradigmático caso de Bustamante se siguen preguntando cuándo dejarán de descubrir nuevos nombres y montos de transferencia. En  aquellos días, sin embargo, la interrogante era otra: ¿Quién estaba detrás del dinero en efectivo del cambista? El 2009 surgió la respuesta, pero lejos del principal enclave informal  de divisas del Perú. Ese año la Policía Antidrogas detectó en el Callao una carga de 4,3 toneladas de cocaína dentro de un contenedor repleto de latas de alcachofas que iba a partir a España. Era una de las incautaciones más grandes de la última  década. Aquella fue la primera pista. 

Uno de los involucrados en la investigación delató a los narcotraficantes detrás del embarque, pero también habló  de sus nexos con los cambistas de Ocoña en el lavado. Así  saltó el nombre de Bustamante Flores. Como ocurre rutinriamente, la Dirandro lo citó para que declare su verdad. Al  presentarse, dijo que laboraba en el intercambio de divisas de moneda extranjera desde hacía diez años, que no tenía sueldo fijo pero que ganaba dos mil soles, que vivía con sus padres, hermanas y sobrinos y que reconocía las operaciones bancarias como parte de su trabajo. Luego desapareció sin dejar rastro. Si bien los informes de inteligencia financiera y los peritajes policiales recopilados para la investigación del caso eran lapidarios, hacía falta más. 

El castillo de naipes acabó de derrumbarse cuando su propia hermana confesó que su tarea fue transportar efectivo de personas que nunca conoció, para realizar depósitos menores a US$ 10.000 o superiores pero fragmentados desde los bancos o las agencias de transferencia de remesas Argenper y Serviban (representante de Western Unión en el Perú). Con esta evidencia, Bustamante fue acusado de lavar el dinero de los dueños de las 4.3 toneladas de droga y de concentrar las mayores transferencias al extranjero con el objetivo de ocultar a los reales proveedores de la organización. Así concluyó la investigación a nivel policial, aunque las pesquisas sobre el blanqueo de efectivo en Ocoña continúan hasta la fecha, pero ya desde las oficinas de Constelación.

El huanuqueño Rafael Plejo Zevallos (44) —considerado un empresario dedicado a la fabricación de muebles en Villa María del Triunfo— fue escuchado por el programa de “chuponeo”en algún punto de la provincia argentina de Salta en 2012. La grabación no fue extensa: el objetivo antidrogas dice lo preciso y corta la llamada. Se mueve bastante. En los últimos años ha viajado unas 150 veces, a España, Brasil y Paraguay, y a dos destinos favoritos: Argentina y Bolivia.  

Podría decirse que su registro migratorio es tan extenso como su prontuario por narcotráfico. En el 2006, años después de salir de prisión por tráfico de insumos químicos, de haber sido víctima de un extraño rapto el 2001 y cuando su paradero era un misterio, fue atrapado por la policía brasileña a 500 kilómetros de São Paulo Plejo Zevallos cayó con 400 kilos de cocaína mientras  se encontraba en un aeroclub junto a un piloto brasileño y  una avioneta Cessna. ¿Qué hacía tan lejos? Las escuchas concluyeron que el peruano, que simulaba ser un empresario maderero, era proveedor de un capo colombiano en el envío de droga a Europa a través de los puertos brasileños del Atlántico. Por este caso acabó en prisión, pero inexplicablemente salió libre tiempo después. En el 2010 volvió a ser ubicado por agentes antidrogas en Lima y dos años después fue filmado en reuniones con el ecuatoriano Bolívar Ramiro García y con el empresario ganadero ancashino Santos Carrillo. Los negocios que allí se trataron fueron secretos, pero no sus conversaciones. 

El “chuponeo” legal a Plejo Zevallos permitió conocer su papel en la organización que acopiaba cocaína en Perú y la enviaba vía aérea a Santa Cruz (Bolivia) y a Brasil o Argentina, pero sobre todo en el trasiego de millones en efectivo, como lo revelaron sus conversaciones: “El 16 de enero llego a la capital (Buenos Aires) y de ahí envió el encargo. Coordinen con el patrón el precio porque nos entregarán el dinero por adelantado”. El huanuqueño era el responsable de la “bajada” de dólares desde São Paulo para comprar droga en los valles cocaleros. Los informes policiales establecieron que camiones de carga que contenían kilos de dinero salían de la metrópoli brasileña y recorrían 4.000 kilómetros en dos días y medio hasta llegar a la localidad de Iñapari, en Madre de Dios. 

Así ocurrió a fines del 2012 cuando la escucha detectó el arribo de una remesa de US$ 1,5 millones procedente del vecino país. Aunque el rastreo electrónico no estableció el lugar preciso del embarque en su paso por Tambopata, sí permitió conocer que la pareja de Plejo Zevallos, una argentina boliviana llamada Gloria (evitaremos citar su nombre por estar bajo investigación), disponía de una red de personas en La Paz y Buenos Aires encargada del traslado de dinero en efectivo, desde cualquier parte de Sudamérica, a cambio de una comisión del 4% que variaba según el monto, la distancia y los riesgos. Aunque los agentes perdieron la pista del cargamento en la Interoceánica, presumen que este arribó a su destino. Desde entonces, no se conoce el paradero de Plejo, considerado como uno de los capos del dinero transfronterizo. 

Pero no todos los operadores del trasiego de efectivo corrieron igual suerte entre el 2012 y el 2013. Gabriel Vegas Gálvez fue intervenido con US$ 500.000 ingresando a Tumbes desde Huaquillas (Ecuador); Iván Rosas Portugal, quien había purgado cárcel por narcotráfico en São Paulo, acabó detenido con US$ 400.000; Velmer Santillán Vergaray, con US$ 300.000; y el boliviano Luis Chiclla Rosales con US$ 140.000. Los tres últimos procedían de La Paz. Sin embargo, la ruta terrestre comenzó a ser desplazada por las avionetas Cessna, que hoy operan como verdaderos cajeros voladores de la selva central.

Son los tiempos del puente aéreo con Bolivia.

Entre 1980 y mediados de los 90, las mafias peruanas abastecían de pasta básica a los colombianos gracias a aeronaves que salían del Huallaga y aterrizaban en Medellín y Cali. En el lustro siguiente cambiaron de empleador y empezaron a surtir droga a los emisarios de Sinaloa y Tijuana, mientras que otros, aprovechando el auge de la exportación de productos hidrobiológicos y agroindustriales, acopiaban cocaína que luego era exportada directamente a Europa bajo la dirección de los colombianos. El narcotraficante peruano, desde los inicios de esta empresa delictiva en los 70, siempre fue un operador, un empleado. Pero los tiempos cambian.

A partir del 2007, toda una promoción de narcotraficantes peruanos crecidos en los años más duros de la violencia senderista en la selva de Uchiza y Huanta, hijos de familias humildes y con estudios básicos, pero siempre vinculados al acopio, procesamiento y traslado de droga, aunque no a la vida excéntrica de sus pares colombianos y mexicanos, empezó a trasladarse a Bolivia, pero sin perder el contacto con las zonas de producción. Entre los primeros en emigrar estuvieron los ayacuchanos Adrián Velarde Huamaní, Luis Lagos Lizarbe, Hernán Flores Villar y Antero Pascasio, miembros de honor en la lista antidrogas de la Dirandro. Luego le tocó el turno a los cargamentos de cocaína, que fueron transportados en camiones cisternas rumbo a la frontera de Puno. Mientras esto ocurría por tierra, una flota de avionetas invadía los cielos de la selva. Abierto el frente aéreo, empezó el trasiego de dinero. 

—El patrón quiere que trasladen la droga [desde Oxapampa] hasta Cochabamba o Santa Cruz. Que envíen el dinero para todos los gastos en la próxima avioneta y que la manden a la zona de bonanza. 

—Ok, tengo US$ 280.000 para comprar... Por si acaso, todos los teléfonos están ‘chuponeados’. La abogada me ha hecho ver el expediente, y todo lo que hablamos está allí. La próxima vez llámame de teléfono público. 

En este diálogo interceptado, un viejo acopiador de cocaína de Oxapampa —región neurálgica para la exportación de droga desde el Huallaga y Aguaytía— habla con su hijo radicado en Bolivia sobre los negocios de su organización, pero también sobre el transporte de millones de dólares en avionetas que descienden en la selva de Cerro de Pasco, Satipo, Atalaya y La Convención. 

Solo en la escucha de este caso se contabilizaron cinco vuelos con entregas de entre US$ 280.000 y US$ 800.000 por un total de US$ 2 millones en el 2013. Los agentes antidrogas consideran que estos montos son conservadores, porque mientras ellos tratan de descifrar su jerga o entender el lenguaje que utilizan para despistarlos, otros están dejando más dinero por vía aérea. “El amigo ya llegó con los papeles, son 34 paquetes [de dinero] y algunos juguetes [armas]”, se escucha decir a otro acopiador de Aguaytía.Y así, las cifras de incautaciones en el Jorge Chávez palidecen frente a la colección de audios sobre el tráfico de efectivo en las narcopistas de la región.

Los agentes del aeropuerto de Iquitos parecían coleccionistas de monedas discutiendo sobre los caracteres indescifrables de los varios fajos de dinero que habían incautado el último 30 de marzo. Unos vacilaban, pero otros estaban seguros de la nacionalidad de los billetes confiscados. Para salir de dudas interrogaron al portador de la carga. El detenido, Luis Cabrera Cabrera, los ilustró hasta donde pudo porque ni él  mismo sabía lo que transportaba en aquella caja de cartón.  

Eran billetes de Hong Kong, Singapur y Malasia, coronas de Dinamarca y zlotys de Polonia. Las monedas restantes eran familiares: 136.000 reales brasileños (US$ 60.000), dólares estadounidenses, canadienses y australianos, libras esterlinas, euros, pesos argentinos y medio kilo de oro que debían llegar a Lima por Peruvian Airlines. Aquel no era el primer decomiso de 2014. Iquitos se ha convertido, en los últimos años, en la lavandería de los activos procedentes de Manaos, capital de la gigantesca provincia brasileña de Amazonas, Benjamín Constant y Tabatinga. 

Al no existir vía Interoceánica en la Triple Frontera, la mayor cantidad de casos de trasiego de efectivo ocurre por vía fluvial. Las embarcaciones parten de Islandia y Santa Rosa, pueblos bañados por el río Amazonas en la frontera con Colombia y Brasil, llegan a Iquitos, en donde algunos optan por tomar vuelos a Lima, o continúan hasta Pucallpa en un paradero previo antes de Atalaya, puerta de ingreso al valle del Ene. Esto viene ocurriendo con alarmante regularidad. El 14 de febrero pasado, efectivos de Aduanas inspeccionaron la embarcación Don Manuel I y hallaron que el loretano Augusto Coblents, patrón de otra motonave, transportaba 167.000 reales (US$ 69.000) en fajos bien empaquetados.  

Para entonces, otros 10 casos ya habían ocurrido en tres embarcaciones distintas desde el 2012: Golfinho III, IV y VI. Sin embargo, no todas las intervenciones ocurren en el trayecto a Iquitos. El 3 de abril del 2013, agentes antidrogas 

intervinieron la motonave fluvial Eduardo V en camino a Pucallpa. Allí capturaron al narcotraficante Julio Izquierdo con US$ 340.000. Desde entonces, este trayecto es el preferido de los traficantes de moneda extranjera. Sobre todo en la ruta entre Atalaya y la planta de gas de Camisea en La Convención (Cusco), región monitoreada por el programa Constelación debido a la gran concentración de narcopistas. En esta zona, la policía desmanteló una organización dedicada al almacenamiento de dinero, que poseía grifos flotantes y astilleros y que utilizaba sus naves en el río Urubamba para brindar transporte de camionetas, maquinaria pesada y combustible a las compañías Pluspetrol, Repsol y Petrobras. 

Una de las principales acusadas de esta mafia, la ayacuchana María Bellido Coras, había empezado vendiendo jugos en el mercado de Huancayo hasta que se mudó con su esposo Víctor Quispe Torres a Atalaya en los 90 para trabajar de ambulante. Años después su fortuna cambió: se convirtió en propietaria de decenas de hectáreas en Ucayali y su pareja acumuló antecedentes por narcotráfico, mientras crecía en el negocio inmobiliario y de transporte fluvial. Cuando la organización fue desmantelada el año pasado, la mujer confesó que tenía 850 terrenos entre Pucallpa y Atalaya y que guardaba caletas de dinero en su vivienda. Una de ellas llegó a los US$ 1,4 millones. “Son mis ahorros de toda la vida”, dijo al ser detenida. A los operadores de su esposo, también acusados por financiar al terrorismo en el Vraem, les decomisaron S/. 140.000 en efectivo. Era su caja chica.

¿De dónde proviene la mayor cantidad de dinero sucio en el país? ¿Del narcotráfico o de la minería ilegal? La interrogante surgió después de que este periodista revelara los millones de dólares que las refinerías de Suiza y Estados Unidos pagaban por el metal extraído de Perú. También cuando los principales acopiadores de oro de Puerto Maldonado y Puno empezaron a caer con miles de dólares en el Jorge Chávez, en la Interoceánica y en las diferentes pistas que llevan a Lima. Varios de ellos vinculados a la cusqueña Gregoria Casas “Goya”, considerada la mayor operadora de la extracción ilegal de metal en Madre de Dios, y a los principales miembros de su grupo económico. Los indicios por tráfico de dinero del 2012 no solo permitieron seguir la pista de su patrimonio financiero en el Perú, también abrieron las puertas de sus cuentas bancarias. 

Un informe tributario nunca antes conocido reveló que la matriarca del clan Baca Casas recibió más de US$ 90 millones (S/. 262 millones) procedentes de bancos suizos como pago por la exportación de toneladas de oro a dicho país entre el 2009 y el 2011; sin embargo, los despachos de metal no fueron efectuados por sus empresas sino por la exportadora de su contador, Efraín Vargas Garzón, uno de los acopiadores más fuertes de Madre de Dios y hombre de confianza en el manejo financiero de sus concesiones mineras. Las autoriddes presumen que los pagos de las refinerías de Suiza fueron retirados y manejados en efectivo para la compra de metal de origen sospechoso en Puerto Maldonado.

La UIF conoció estas transferencias a fines del 2012 y recién entonces incluyó la extracción ilegal de oro (que durante años había pasado desapercibida por su radar) como la segunda actividad criminal que más dinero sucio genera en el país, solo por debajo del narcotráfico. El rastro de los millones también atrajo la atención de la Dirandro, que empezó a perfilar a las personas detenidas con efectivo en el aeropuerto de Lima y Madre de Dios para después chequear su reporte migratorio. Cuando concluyó la primera línea de investigación quedó claro que todos los involucrados –incluso “Goya”– podían obtener millas de descuento gratis en cualquier aerolínea gracias a la cantidad de vuelos que realizaban a dos destinos recurrentes: Brasil y Bolivia. 

Un año después, la misma DEA se preguntaba qué negocios tenían los mayores operadores de la minería ilegal en los principales mercados de la cocaína peruana.

En el corazón de Monterrico, bajo la sombra de la embajada de Estados Unidos y de los polvorientos cerros de Surco, emerge una de las zonas más exclusivas de la capital. Allí, entre oficinas de ejecutivos, situadas a pocos metros del centro comercial El Polo, del colegio Markham y de lujosos complejos empresariales en el Derby, operan los equipos de élite de la inteligencia antidrogas. Aunque pocos lo saben, las operaciones secretas lanzadas desde estas calles —patrocinadas por agentes de la DEA— resuenan desde el vallecocalero del Huallaga hasta los territorios dominados por la última facción de Sendero Luminoso en el río Ene. Nada más peligroso para los operadores del narcotráfico que las decisiones tomadas en las cafeterías de la avenida Encalada. 

Un analista de inteligencia que trabaja en esta zona contó que los estadounidenses saben cómo operan las mafias que ingresan millones en efectivo al Perú de la misma forma que los biólogos conocen los movimientos de una colonia de hormigas. Según este relato, la DEA observa y acompaña las operaciones de escucha y filmación de los equipos de la Dirandro cuando toda la cadena de la organización ha sido identificada: desde el financista de la mafia en el exterior, el traficante de dinero y su coordinador en Lima, hasta el acopiador en el valle cocalero. Solo cuando esto ocurre se interesan por la investigación, más aún si la cocaína y el dinero lavado ingresa desde o va hacia Estados Unidos. 

De lo contrario, la pesquisa es desechada, así el objetivo sea un político prominente, un empresario de alto nivel, el ejecutivo de una trasnacional o una persona cualquiera. Esto ocurrió en 2008 cuando una organización mexicana envío a Lima US$ 600.000 por Serviban y DHL Express. Una parte fue retirada y transportada en efectivo por un desconocido que usó a sus familiares para cobrar el dinero restante y también para comprar 1.700 celulares de Nextel, cuyos chips fueron enviados a México en la época de mayor violencia de los carteles. También pasó esto en el 2010, cuando la policía cocalero del Huallaga hasta los territorios dominados por la última facción de Sendero Luminoso en el río Ene. Nada más peligroso para los operadores del narcotráfico que las decisiones tomadas en las cafeterías de la avenida Encalada. 

Un analista de inteligencia que trabaja en esta zona contó que los estadounidenses saben cómo operan las mafias que ingresan millones en efectivo al Perú de la misma forma que los biólogos conocen los movimientos de una colonia de hormigas. Según este relato, la DEA observa y acompaña las operaciones de escucha y filmación de los equipos de la Dirandro cuando toda la cadena de la organización ha sido identificada: desde el financista de la mafia en el exterior, el traficante de dinero y su coordinador en Lima, hasta el acopiador en el valle cocalero. Solo cuando esto ocurre se interesan por la investigación, más aún si la cocaína y el dinero lavado ingresa desde o va hacia Estados Unidos.De lo contrario, la pesquisa es desechada, así el objetivo sea un político prominente, un empresario de alto nivel, el ejecutivo de una trasnacional o una persona cualquiera. Esto ocurrió en 2008 cuando una organización mexicana envío a Lima US$ 600.000 por Serviban y DHL Express. Una parte fue retirada y transportada en efectivo por un desconocido que usó a sus familiares para cobrar el dinero restante y también para comprar 1.700 celulares de Nextel, cuyos chips fueron enviados a México en la época de mayor violencia de los carteles. También pasó esto en el 2010, cuando la policía perdió el rastro de Miguel Hidalgo Caqui, el mayor importador de discos en blanco de China  y otrora abastecedor de la piratería en El Hueco, Mesa Redonda y Polvos Azules. Él fue procesado por lavado, pero el año pasado fue detenido en el  Jorge Chávez mientras llevaba US$ 50.000 con destino a Tacna. 

Otras historias simplemente quedan en el archivo, como los pedidos de inteligencia financiera para investigar el uso de dinero en efectivo en la compra de autos de lujo de las concesionarias de Porsche, Ferrari y Lamborghini, y de las camionetas Hummer, al igual que en los negocios de casinos, joyerías, notarías e inmobiliarias. En el olvido también quedaron las declaraciones juradas de los 325 pasajeros que transportaron US$ 119 millones en sus maletas en su paso por el aeropuerto de Lima en el 2005, o los recientes informes de transferencias bancarias que apuntan a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes Británicas y Curazao (después de Estados Unidos y Brasil) como los principales destinos de las operaciones sospechosas hechas por peruanos en 2013. Nada de esto sale a la luz. Lo mismo le ocurrió, cuentan los sabuesos de la Dirandro, a un agente de escucha del programa.

Constelación que descubrió la pista de fuertes sumas de dinero ingresando a una vivienda de Miraflores en 2011. Era época electoral y el país estaba en ebullición. El efectivo escuchaba de sol a sol, y las llamadas que ocurrían los domingos, durante sus días de descanso, las grababa para oírlas los lunes. Todo iba bien hasta que los oficiales de campo ubicaron la casa. De pronto, la investigación se fue al tacho. Los subalternos dejaron las pesquisas y los superiores ordenaron la incineración de los Cds de las escuchas y sus transcripciones. Cuando el efectivo pidió explicaciones le dijeron que el trasiego de dinero de ese caso no procedía de las drogas. Desconcertado solo atinó a revisar el informe de inteligencia del último reglaje. Allí se consignaba la dirección del inmueble: 3410 de la avenida Arequipa, la sede del Partido Nacionalista. 

Estos indicios apenas son la punta del iceberg de una empresa delictiva que se extiende y pasa desapercibida en medio del crecimiento económico y la ineficiencia de un sistema judicial que libera a los involucrados y devuelve el dinero incautado. Para lavar sus activos las organizaciones criminales operan en las sombras captando como testaferros a personas  sin recursos o comerciantes en apuros; y aprovechan la reserva del secreto bancario para infiltrarse en el sistema financiero local. Si bien las modalidades del trasiego del dinero apenas se distinguen unas de otras, sus activos siempre fluyen en dos sentidos: ingresan al Perú clandestinamente para financiar delitos y emigran por el circuito de banca rumbo a empresas de los paraísos fiscales del extranjero. 

El dinero llama al dinero.