Por David Rivera del Águila. Director de PODER.

El debate no podía merecer menos intensidad de la que ha tenido. Nos encontramos ahora en el punto de las definiciones, donde los lobbies han entrado a jugarse el todo por el todo en el Congreso. La gestión de intereses no tiene nada de malo en sí misma, salvo que en el Perú tenemos experiencias que despiertan válidas dudas sobre si la posición a la que llegan algunos legisladores se debe a un convencimiento real o a otro tipo de incentivos.

En este caso en particular, el de la reforma de la Ley Universitaria, así como hay quienes están defendiendo sus ideas y una manera de concebir la educación y el funcionamiento del mercado, hay otros que básicamente están defendiendo sus intereses y tratando de que se mantenga un sistema que les ha permitido llenarse los bolsillos a costa del futuro de miles de peruanos. Lo evidente es que la educación superior no puede continuar así como está. Veamos cuáles son los temas que han generado controversia.

Si bien la propuesta de crear una superintendencia fue la que despertó mayores críticas, con el tiempo la preocupación ha derivado en las funciones que tendrá y a qué institución estará adscrita. Que se acepte su necesidad es ya un avance. Pero en el fondo de la discusión está el hecho de si concebimos la educación como un servicio público o privado. Para no entrar aquí en mayores disquisiciones teóricas, en el artículo de Moisés Navarro que aparece en esta edición encontrará cuál es la concepción definida desde décadas atrás por instituciones como la Unesco. Además, cómo es que en diferentes países de la región y el mundo existen organismos reguladores para la educación superior y parte de sus funciones es aprobar la creación de facultades y proceder con el cierre de carreras e, incluso, de Universidades si estas no cumplen con los parámetros de calidad establecidos. En resumen, podrá apreciar con ejemplos cómo en el Perú hay quienes siguen creando escenarios catastróficos y fantasmas que “aterrarán” a la inversión privada a partir de situaciones que son comunes en otros países con niveles de educación superior de mucho mejor calidad que la que tenemos en el Perú.

Ahora bien, la necesidad de una superintendencia no debería alejarnos de discutir sobre cómo asegurar su independencia, su capacidad de gestión y la aptitud que tendrá para ir adaptándose a las nuevas realidades de la educación. En este punto es interesante notar cómo mientras en la década de los 90 la preocupación era que los reguladores que se crearon (Osiptel, Osinerg y el mismo Indecopi) terminaban capturados por el ámbito privado —como efectivamente sucedió con algunos de ellos—, pese a estar adscritos a entidades públicas. Hoy la única preocupación parece ser que esta entidad termine capturada políticamente por el gobierno de turno. ¿Requerimos una superintendencia para la educación superior? Sí. ¿Con capacidad para establecer estándares mínimos y cerrar universidades de ser necesario? Sí. ¿No estar adscrita a algún ministerio garantiza su independencia? Respondamos con otra pregunta. ¿Cree usted, a estas alturas del partido, que el Consejo Nacional de la Magistratura o el Poder Judicial, pese a la independencia con la que en teoría cuentan, están libres de injerencias políticas y económicas? Se necesita establecer las condiciones para que la Suneu sea efectivamente autónoma, pero eso es algo que va más allá de la dependencia a la que estará adscrita. La experiencia de la región, Europa y Asia muestra cómo en la mayoría de los casos está vinculada al ministerio encargado de la educación.

De otro lado, creer que con información “adecuada” a los estudiantes o padres de familia se solucionará el problema de la educación superior, que de pronto “la demanda” verá la luz, es pecar de ingenuo o estar enceguecido por un dogma o movido por intereses. Si la solución fuese tan sencilla, ¿no sería el eje de los sistemas de educación superior de los países más avanzados en esta materia? ¿Por qué de pronto creemos que podemos descubrir la pólvora cuando estamos tan lejos de ello? Un poco de humildad para nuestros promotores de la importancia de mirar al mundo, de abrir la mente.

Tal vez sea bueno recordar que el libre mercado y la libertad de empresa no son un fin en sí mismo, que son el mecanismo que, como sociedad, hemos acordado para garantizarnos el camino hacia el progreso. Un fin de nuestro Estado sí es garantizar el derecho fundamental a la educación. Y si en el camino hay algo que se opone a ello, simplemente hay que corregirlo.

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