El anuncio que hizo China al lado de EE. UU. aumenta el interés por lo que proponga, diga, oculte o muestre el país asiático en Lima. “Su juego siempre es cauteloso”, sostiene un funcionario internacional que ha estado en varias COP. El premio nobel de Economía 2008, Paul Krugman, ha declarado con medido entusiasmo que se trata “más de una declaración de principios que una medida política que vaya a aplicarse”. Pero aún así es una buena noticia. Los dos gigantes, peleados en casi todos los foros, la CMUCC incluida, negocian sigilosamente sobre el asunto climático y tratan ahora de tomar el liderazgo del debate. 

En 1997, Bill Clinton adhirió a su país al Protocolo de Kioto (PK), pero su ratificación nunca se pro- dujo. Y, es más, en el 2001, George W. Bush lo retiró del tratado aduciendo que era “muy costoso” y que podría afectar la economía estadounidense. Si bien las razones del mandatario republicano podían estar relacionadas con sus vínculos con la industria pe- trolera, la posición de los demócratas tampoco ha sido muy distinta. Obama, en el 2009, antes de la COP15 en Copenhague sostuvo que el PK no era el camino para un nuevo acuerdo global, cuyo borrador se tendría que hacer en la COP20 en Lima para que sea aprobado en la COP21 en París, en el 2015. 

La razón subyacente es visible: la apuesta de EE. UU. es hacer su propia ruta, o hacerla con China ahora, pero en la lógica de las “contribuciones”, un término que ha ido ganando terreno en la medida en que los “compromisos” del PK no han dado resultado. El gran país, por añadidura, ha hecho su propia Estrategia Nacional contra el Cambio Climático, mientras que al menos 40 Estados han tomado medidas para, supuestamente, mitigar las emisiones. Uno de ellos ha sido California, que incluso este año se declaró “líder mundial contra el cambio climático”, de la mano del granítico Arnold Schwarzenegger, quien fue su gobernador republicano hasta el 2011. Pretende tener, para el 2020, un 33% de energías renovables, una propuesta que va en sintonía con los constantes anuncios de Obama sobre ampliar el uso de estas fuentes energéticas, aun cuando siguen las exploraciones petroleras. 

China ratificó el PK en el 2002, pero desde una posición más cómoda. No tenía compromisos de reducción porque en 1997 no se lo consideraba un país industrializado y, por tanto, no estaba en la lista de los 38 países que debían reducir sus emisiones un 5,2% por debajo de los niveles que tenían en 1990. Su apuesta todos estos años, por eso, ha sido tener su propia estrategia nacional, que también apuesta por las energías renovables. Ha anunciado para el 2020 un recorte de su intensidad energética que será de 40% a 45% de los niveles del 2005. Pero, si se advierte, no apuesta —al igual que EE. UU.— por reducir GEI sino por ir transitando hacia las energías renovables. Sus emisiones per cápita de CO2 (que significan más del 70% de los GEI) es bajo, de apenas 4 toneladas al año, pero su población de 1.300 millones de personas lo convierten en un actor potencial. Se comprenderá ahora por qué los dos gigantes vienen a jugar fuerte en Lima, precedidos del “pacto climático” que han cerrado. Dicha decisión ha generado misterio y expectativas entre los negociadores de otros países, y aun entre los organizadores. Sin China ni EE. UU., cerrar un nuevo acuerdo global resultaría irrelevante.

La afanosa meta establecida por el PK debía alcanzarse entre el 2008 y el 2012. Su cumplimiento ha sido relativo, y en el camino, a medida que el debate climático mundial se agitaba, se fue pensando en la necesidad de un nuevo acuerdo global vinculante que tome la posta. Se planteó en la COP13 en Bali en el 2007, y debió conseguirse dos años después, en la COP15 en Copenhague, pero allí sobrevino un naufragio casi fatal. ¿Qué pasó en la capital danesa? Justamente el hecho de que se insistiera en que el PK (donde se habla de “compromisos”) fuera el marco para el nuevo instrumento, generó las resistencias de los países desarrollados. Hacia el final de la conferencia, no se lograba un documento de consenso.  

Para salvar la reunión, los delegados de 29 países que figuran entre los mayores emisores de GEI se reunieron fuera de la conferencia oficial. Así nacieron los llamados Acuerdos de Copenhague, en los que, entre otras cosas, se consigna que la temperatura media del planeta no debía aumentar más de 2 °C. Como era un pacto informal —aunque luego fue acogido por otros países— debió ser procesado en la COP16, realizada en Cancún, México, en el 2010, donde se insistió en el límite de 2 °C, ya advertido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). También en Cancún se creó el Fondo Verde del Clima (FVC), con el cual podría canalizarse la oferta de 100.000 millones de dólares que, a partir del 2020, los países más desarrollados ofrecieron en Copenhague para luchar contra el cambio climático. El FVC tiene representantes de 15 países desarrollados y 25 países en desarrollo.

Financiará actividades para la adaptación y la mitigación, las grandes rutas para enfrentar el calentamiento global. Según Eduardo Durand, negociador del Perú en estas COP, fueron negociaciones difíciles, tensas. En Cancún, se trató de salvar lo que con fórceps geopolítico se había logrado en Copenhague, para que no se vaya al despeñadero el nuevo acuerdo global contra el cambio climático. “Finalmente se logró, y el Perú tuvo en eso un papel destacado”, comenta. Fue uno de los países que en Cancún apostó por sacar un documento que unifique propuestas. Durante la COP17 en Durban, Sudáfrica, se dio otro paso fundamental: se creó la Plataforma de Durban, que propone una “acción reforzada” para llegar un nuevo compromiso que involucre a todas las partes de la CMNUCC y no solo a algunos, como ocurría con el PK. Y en la COP18, realizada en Doha, Catar, se alargó la vida del PK a un segundo período, del 2012 al 2020, año a partir del cual ya debería estar en vigencia el nuevo acuerdo global. 

Estas metas tienen que lograrse en el 2015, durante la COP21 en París. Por eso se dice hasta el cansancio que “sin Lima, no hay París”. Y es cierto: en la sede del Pentagonito, donde se realizará la COP20, se juega mucho. En Lima se procurará alcanzar el objetivo crucial de confeccionar el borrador de un nuevo acuerdo que reemplace al PK. Es aquí donde se tiene que poner el carril que haga que, en la Ciudad Luz, el debate salga de la oscuridad y alumbre el nuevo acuerdo. Y ahora que los dos grandes —China y Estados Unidos— han lanzado un gesto previo a la COP20, nuestra responsabilidad aumenta.

En las COP no hay votaciones. Al igual que en la Asamblea General de la ONU, todas las decisiones se adoptan por consenso. Ello dificulta enormemente las decisiones en el marco del debate climático global, pues permite que proliferen las observaciones a los textos o que surjan incidentes memorables, como en Cancún, donde la delegación boliviana no quiso otorgar su “consenso” debido a desacuerdos con el documento final. 

El jefe de la delegación boliviana, Pablo Solón, y el propio presidente Evo Morales, se pusieron contra el mundo al proponer que los países desarrollados rebajaran 50% sus emisiones antes del 2020. Se trataba de un pedido imposible que no contó ni siquiera con el apoyo de los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), pese a que suelen funcionar como un solo bloque negociador en el escenario de las COP, a veces en clave contestataria. 

En la sesión final de la COP15 de Copenhague, cuando tras mucha insistencia se le concedió la palabra a la jefa de la delegación venezolana, Claudia Salerno, ella mostró a los presentes su mano ensangrentada. Salerno —ya legendaria por su asistencia a varias COP— dijo que debió golpear sin cesar la mesa para obtener atención. El desacuerdo venezolano tenía que ver con la “extraoficialidad” de los Acuerdos de Copenhague y, a la vez, con una cierta visión política e ideológica del mundo. Venezuela habla de “deuda climática”, le espeta a los países desarrollados su mayor responsabilidad en el problema. Tiene una suerte de discurso “antiimperialista” climático. 

Ello, sin embargo, no siempre implica coherencia. Venezuela está en la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), como Ecuador, lo que fuerza a ambos países a sintonizar con Arabia Saudita o Catar, dos grandes exportadores de petróleo que, por supuesto, no están muy interesados en promover las energías renovables. Si bien este organismo transnacional no es un grupo de negociación, sus miembros deben tener en cuenta qué dicen, qué deciden para no afectar sus intereses. Así de crudo y simple. Como vemos, un mismo país puede estar en un bloque de negociación, de acuerdo con su posición geográfica o geopolítica, pero a la vez tiene que conciliar con su posición en otros escenarios de la comunidad global. 

El Perú, por ejemplo, está en dos: en el denominado G-77 más China (134 miembros) y en la Alianza Independiente de América Latina y El Caribe (Ailac), que conforma junto con Costa Rica, Guatemala, Panamá, Chile y Colombia. Nótese que estos dos últimos países —y el Perú también— son miembros de la Alianza del Pacífico, mientras que los otros tres son candidatos a pertenecer a esta iniciativa de integración regional. Todas estas ecuaciones deben tenerse en cuenta a la hora de negociar en la COP. Con este posicionamiento, nuestro país no se distancia del frente de los países en desarrollo (G-77), pero, al mismo tiempo, juega en pared con delegaciones que tienen puntos de vista parecidos.

Generalmente, los países que están en un mismo bloque tienen coincidencias en materia de política y economía. Pese a que la Ailac y la ALBA coinciden con el principio ecuménico de tener “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, hay matices en sus posiciones. 

Mientras los países bolivarianos abogan para que los países desarrollados paguen, como ya se señaló, una “deuda climática” por ser los mayores emisores, los de Ailac creen que la diferenciación debe ser “de acuerdo con las capacidades” y que a los países en desarrollo les conviene asumir responsabilidades para ser más eficientes en el uso de la energía y para neutralizar la deforestación, la mayor fuente de emisión de GEI en esta región. 

Nuestro país también está en el Grupo de Latinoamérica y el Caribe (Grulac), donde comparte sitio con los países de la ALBA. Pero Grulac, que es solo un grupo de diálogo y concertación, creado para otros fines, no necesaria- mente climáticos, no suele funcionar como un bloque negociador porque los intereses de los países latinoamericanos son muy distintos. África, en cambio, sí funciona como un bloque negociador y suele ser muy unida, acaso debido a que es muy consciente de su vulnerabilidad. La gran preocupación africana es la transferencia de tecnología para amortiguar las previsibles desgracias que vendrán por las alteraciones climáticas. 

Aún así, otros intereses se cruzan nuevamente. Libia, Argelia y Nigeria también son miembros de la OPEP y tienen que mostrar cautela si se propone cambiar la matriz energética. Sudáfrica, a su vez, es parte de BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China), un grupo de negociación clave conformado por las denominadas “potencias emergentes”. Los BASIC son los BRICS de otros foros, pero sin Rusia, pues el gran país euroasiático sí adquirió compromisos en Kioto (lo ratificó el 2005), debido a su nivel de industrialización, que aun con la desaparición de la URSS era potente. 

¿Qué buscan los BASIC? Fundamentalmente insistir en que los compromisos diferencien a los “países desarrollados” y los “países en desarrollo”, pero además que en este último grupo se incluya a los denominados “emergentes”. Esto, como es obvio, les permitirá no involucrarse en grandes reducciones de GEI que vayan en contra de su crecimiento económico, que continúa produciendo grandes emisiones, debido a que sigue la ruta de los actuales países desarrollados. El combustible fósil sigue estando en el eje de sus modelos económicos y políticos. Como cuenta un asistente a varias COP, “son ya países muy desarrollados, pero se presentan en estas reuniones como si estuvieran en desarrollo”. 

Brasil está en el G-77 y China es el agregado a ese grupo (por eso es G-77 + China). ¡Ambos son, no obstante, la segunda y la sexta economía del mundo! Este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), China se convirtió en la primera economía planetaria, pues su producto bruto interno llegó a superar al de EE. UU. Brasil, por añadidura —del mismo modo en que lo hace Sudáfrica para el continente africano—, suele presentarse como la potencia que lidera Sudamérica. Pero en la práctica, los intereses reales de estos poderosos no coinciden con los de sus vecinos. 

Otro bloque fundamental es la UE (Unión Europea), 28 países que tienen una voz común en las COP. Es el más dispuesto a avanzar en las negociaciones. Para la COP20, han anunciado un paquete de objetivos de acá al 2030, que incluye la meta de reducir emisiones en al menos un 40% para dicho año. También, por cierto, trabajar seriamente en Lima para que se abra el camino hacia el nuevo acuerdo global de la COP21 en París. En otra orilla está el denominado grupo “Paraguas”, donde se juntan 11 países desarrollados no pertenecientes a la UE, que se retiraron del PK o que no lo ratificaron. Estados Unidos es allí la cabeza más visible, pero también están Japón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Este último país se retiró del PK en el 2002 arguyendo que no era el “camino hacia adelante para una solución global al cambio climático”, mientras que Japón se opuso en Cancún a que haya un segundo período del PK. 

Las razones de la resistencia de este bloque son variadas, pero tienen que ver con el temor a que, si se asumen compromisos climáticos, sus economías se vean afectadas. La idea de que las responsabilidades deben ser compartidas flota en este bloque, y uno de los temas recurrentes es el desacuerdo con que los “emergentes” no sean tan exigidos en los compromisos como lo son ellos. 

También existe el Grupo de Países Menos Desarrollados, donde hay 48 países africanos y asiáticos que actúan en función de la conciencia de su mayor vulnerabilidad, proveniente de sus infraestructuras frágiles. Y el Grupo de Afinidad sobre Cambio Climático (Like Minded Developing Countries, en inglés), que agrupa a países que buscan una urdimbre entre el desarrollo sostenible y la equidad. Allí están Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Argentina y 16 países más. Es sintomático que, salvo los dos últimos, los otros latinoamericanos de este grupo no pertenezcan a la ALBA. Esto sugiere que se busca sinergias, en términos sociales y ambientales, pero no necesariamente en línea con la influencia venezolana, que además decayó tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez en el 2013. 

Finalmente, otro grupo, pequeño pero influyente, dramático incluso, es la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), integrada por 43 países. Son los países que se verían afectados, muy seriamente, por los efectos del cambio climático. Algunos de ellos hasta podrían desaparecer si la temperatura aumenta y sube el nivel del mar. Tuvalu, Tonga y Vanuatu, todas ellas naciones insulares de Oceanía, están en ese grupo. También lo integran Haití y Cuba. AOSIS propone que las medidas que se adopten no apunten solo a evitar que se sobrepase los 2 °C de calentamiento anormal, sino que se baje ese tope a 1,5 °C. También son partidarios de que se establezca dentro de la CMNUCC un mecanismo denominado “pérdidas y daños”, por el cual se compense a los países más afectados por el fenómeno. Los países africanos y asiáticos también lo piden. En Varsovia, Polonia (COP19, 2013), el mecanismo fue acogido, pero aún está sujeto a discusión.

Como vemos, las negociaciones son más complejas que el laberinto de Creta, pero puede seguirse su hilo conductor para en- tender cómo se puede lograr esto, o cómo en Lima podrían naufragar todos estos esfuerzos que, con estaciones cruciales, llevan al menos 20 años. El riesgo existe, no es grande, pero tampoco descartable. 

Tras la inauguración de la Conferencia de Lima, habrá dos sesiones de apertura de los órganos subsidiarios de la COP, que son dos de los carriles por donde corren las negociaciones, que se darán con gran intensidad sobre todo la primera semana. Uno es el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) y otro es el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (Osact). 

En el primero, se ven, por ejemplo, las comunicaciones nacionales (los informes que cada país tiene que presentar sobre sus políticas climáticas). Sus decisiones son elevadas a la COP para buscar los consensos respectivos. En el segundo, se tratan los asuntos relacionados con la ciencia del clima. La transferencia de tecnologías limpias a los países menos desarrollados, por citar un caso. O la aplicación del mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), un sistema por el cual los países desarrollados o empresas pueden invertir en los países en desarrollo para conservar bosques. 

Mientras tanto, los “grupos de contacto” (grupos que discuten temas que luego se llevan a las plenarias) que se formarán al inicio de la conferencia serán claves para incidir en la preocupación central de forjar un nuevo acuerdo. Esta responsabilidad motivará también a los “grupos informales”, que se reúnen a veces fueran del horario habitual de las reuniones programadas. 

Milagros Sandoval, funcionaria de Conservation International (CI), asistente a varias COP y desde la COP19 asesora de la delegación peruana en materia de REDD, sostiene que las negociaciones son complejísimas, que a veces duran horas, madrugadas enteras, porque es sumamente difícil lograr consensos entre tantas partes involucradas. “En ocasiones se termina a las cuatro de la mañana, y a las siete hay que estar nuevamente en otra reunión”. 

Otro frente de las negociaciones es la denominada Conferencia de las Partes, que sirve como Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CRP, por sus siglas en inglés). Está conformada por los países que ratificaron este instrumento y que deben hacerle seguimiento. Sus reuniones son siempre simultáneas con las COP, y las tienen desde el 2005, cuando el PK entró en vigor. La de Lima es la CRP10.

A pesar de que el IPCC no tiene función política alguna, es una referencia científica ineludible. Conformado por 836 especialistas de varios países, las dudas sobre lo que afirman son ya vagas e irrelevantes, a pesar de que subsisten algunas corrientes “negacionistas”. 

En sus cuatro primeros informes, la entidad fue cautelosa, como siempre sugiere la ciencia. En su primer documento, en 1990, habló de preocupaciones, de probables eventos extremos, de tendencias crecientes. Tras su segundo informe, en 1995, cuando comenzó a promoverse el Protocolo de Kioto. En el 2001, a la luz de su tercer reporte, se comenzó a debatir sobre un nuevo protocolo. Su cuarto informe, emitido el 2007, sostenía que era “muy posible” que la actividad humana fuera la razón del desastre climático. Ahora, en su quinto informe presentado en setiembre último, habla de “irreversibilidad”, de monzones más cortos pero intensos, de subidas del nivel del mar de casi un metro en algunas zonas costeras y se refiere a la actividad antropogénica —con un “95% de confianza”— como la “causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX”.

Los focos mundiales ambientales, así como los políticos y los ciudadanos, apuntan hacia Lima. De lo que hagan en esta ciudad las delegaciones de los 195 países que son parte de la CMNUCC depende que la temperatura global no aumente 2 °C en las próximas décadas. Y ya sabemos que sobrepasar ese nivel pone en peligro la economía, las in- versiones globales, el funcionamiento de las ciudades, la biodiversidad… la vida misma.