POR LUIS NAVARRO

El ex Primer Ministro Jorge del Castillo nos recibe en su oficina una mañana de abril. “Tenemos que evitar la concentración de mercados y el retorno al latifundio”, afirma con una mano sobre los textos que conforman su propuesta, una ley que limita la propiedad agraria en la costa peruana a 40.000 hectáreas.

El argumento del actual legislador para establecer límites a la compra de terrenos suena convincente. Una empresa o grupo económico que posea más de la mitad de las tierras azucareras en la costa peruana puede abusar de su posición de dominio y perjudicar a los consumidores al controlar el precio. “Ya vemos lo que pasa con otros mercados, como el de lácteos y el aerocomercial”, dice Del Castillo.

Pero el sustento para fijar la extensión de la propiedad no es igual de persuasivo. Del Castillo asegura que ese límite fue fijado justamente para no perjudicar o despojar de tierras al Grupo Gloria, que contaba entonces con 37.000 hectáreas en Trujillo, y para que no se creyese que era una ley con nombre propio, aunque lo parezca. En el sector dudan de que se trate de un argumento técnico para una ley de tanta importancia. Durante la misma reunión Del Castillo informaría: “ellos [el Grupo Gloria] me han autorizado a decir que no van a participar en las próximas ventas de tierras del Estado porque entienden que lo que tienen es suficiente”. Extraño que una corporación en plena expansión e interesada en el etanol afirme eso con tal convicción.

Días después, fuentes cercanas al grupo arequipeño aseguran que como producto de otras compras menores que han ido realizando en el norte ya cuentan con más de 50.000 hectáreas. “Lo que Vito Rodríguez Rodríguez le prometió a Del Castillo fue solo que no intentarían comprar Pomalca [la azucarera del Grupo Oviedo]”, afirman.

Sin sustento

Intentamos averiguar si existían argumentos técnicos para definir una extensión específica de 40.000 hectáreas como límite para la propiedad costeña. Conversamos con expertos en temas agrarios como Carolina Trivelli, del Instituto de Estudios Peruanos, y Eduardo Zegarra, del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Ninguno encuentra lógica en esta aventurada cifra, por lo demás desproporcionada para limitar el latifundio. Ni siquiera en las épocas previas a la Reforma Agraria hubo una concentración tan alta de tierras. La mayor hacienda era Casagrande, con 29.000 hectáreas, recuerda el consultor y hombre de empresa Fernando Cillóniz. Hoy esos terrenos pertenecen a Gloria. Y aunque en general la propuesta es tomada con incredulidad, el tema de fondo, la fijación de límites a la propiedad agraria, sí preocupa a los empresarios. Representantes de Camposol, Danper y Agrícola Barraza, tres de las principales agroindustriales trujillanas, afirmaron que si bien existe el riesgo de que algunos grupos vayan acumulando grandes extensiones que les generen una posición de monopolio en ciertos valles de la costa, poner límites a la propiedad de las tierras no es la solución y resulta peligroso. “Nadie puede asegurar que más adelante no se le ocurra a algún otro político reducir ese número”, argumentan.

Ana Mendo, analista de Maximixe, sostiene que una propuesta de este tipo solo puede aplicarse a azucareras, por las extensiones necesarias para la producción de caña y por el interés que han mostrado varias empresas en el desarrollo del etanol a partir de ella. Uno de los hilos que permitió jalar la historia escondida detrás de la propuesta apareció a finales de abril, el mismo día que la iniciativa de Del Castillo llegó a debate. La Comisión Agraria del Congreso, en paralelo, empezó a discutir otro proyecto de ley que posibilita que los trabajadores de las haciendas azucareras con acciones estatales tengan la opción preferente de compra cuando dichos papeles se pongan en oferta. Otra vez azúcar de por medio en el Parlamento. Mucha coincidencia.

Los vientos de Chiclayo

Además del Grupo Gloria, un nombre aparece de manera recurrente en esta historia: Pomalca. El ingenio chiclayano ha sido transformado desde el desastre del 2004, cuando su acción valía cero, hasta hoy, cuando cada papel se cotiza a un sol y su producción supera las 80.000 toneladas al año.

Edwin Oviedo, presidente del grupo que hoy administra estas tierras con solo 22% del accionariado, nos muestra con orgullo el trabajo realizado. Campos casi a plena producción, 2.000 hectáreas ganadas anualmente y trabajadores que dejaron de lado las amenazas de huelgas violentas.

El cusqueño es hoy todo un personaje en Chiclayo y su apuesta por Pomalca es aplaudida públicamente por funcionarios como el aprista Javier Velásquez, hoy presidente del Consejo de Ministros, y el ex Primer Ministro y ex presidente de la Región Lambayeque, Yehude Simon, así como por medios de comunicación. El Estado conserva 32,8% de las acciones de la empresa Pomalca. El Grupo Oviedo es el administrador de esta azucarera y Proinversión tiene programado para este año poner en venta las acciones estatales. De esta manera, quien las adquiera tendrá el control del lugar. Hoy los campos de Pomalca valen mucho por su alta productividad, que los hace atractivos para el etanol.

La ubicación del distrito también es estratégica. Junto con Tumán, otra azucarera también bajo administración del Grupo Oviedo, son las zonas naturales para el crecimiento de Chiclayo, y ya existe un plan estratégico que involucra la construcción de 1.000 viviendas en las afueras del ingenio.

Llegamos a Chiclayo, ciudad cuya parsimonia solo se quiebra con los partidos del Juan Aurich, club comprado por los Oviedo hace dos años y conocido como el “Ciclón del Norte”, una referencia al fuerte viento que sopla en la capital de Lambayeque. Un viento fuerte también crea la alerta en las oficinas del grupo cusqueño. Hace unos minutos fue capturado un joven que intentaba quemar los sembríos de caña con una pequeña antorcha. Basta un poco de fuego para acabar con varias hectáreas. El ciclón se encarga del resto.

“No es la primera vez que ocurre”, nos dice Oviedo días después. Parece ser una práctica usual. También la aparición de sindicatos paralelos que se declaran en huelga. Él sospecha de algunas personas de Chiclayo y Trujillo que estarían detrás del vandalismo.

Azúcar movida

Ya desde febrero de este año, el desorden se había apoderado del sector azucarero. Ese mes un grupo de trabajadores tomó con violencia las oficinas de Agroindustrias San Jacinto, del Grupo Picasso, en Áncash, por un retraso en las remuneraciones. “Me llama la atención, porque en 13 años nunca ha ocurrido esto”, dijo entonces el presidente de la empresa, Carlos Andrade Villar.

Empezaba a generarse un rumor de venta, y la prensa informó de varios interesados: los grupos locales Gloria y Wong y el colombiano Manuelita. Finalmente, la estadounidense Stratos Renewables presentó una oferta de adquisición que sigue en estudio. Pero la agitación en San Jacinto no se ha detenido.

En mayo, las portadas volvieron a tener como protagonista a una hacienda azucarera, cuando una junta tomó de facto la dirección del ingenio limeño Andahuasi. Días antes, la familia Wong había adquirido un importante paquete de acciones y pugnaba por hacerse del control. Pero una directiva paralela, encabezada por el inversionista Manuel Bustamante, asumía el mando pese a no ser reconocida por el regulador del mercado de valores, Conasev.

En el directorio no reconocido figuraban personajes identificables. El ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca, el ex dirigente de Casagrande Greco Quiroz y el mismo Manuel Bustamante.

Dos años atrás, otro inversionista también de apellido Bustamante (Julio) vendió a Gloria 52% de participación en Cartavio, la agroindustrial trujillana, por un precio bastante atractivo por acción, en una operación muy comentada porque se trataba de una empresa con buenos resultados.

Es por eso, por la similitud con lo que ocurre en Andahuasi, que el sector observa con cautela este movimiento. Los más positivos creen que se trata simplemente de personas que ven la oportunidad de ingresar a una empresa con problemas y disturbios sociales para después venderla a un mayor precio (los “paseros”, los llaman), mientras que los más suspicaces especulan que son enviados cual testaferros por algún grupo interesado en los ingenios.

En el Grupo Gloria aseguran que ellos no están detrás de ninguno de los disturbios ocurridos en las azucareras y que esos métodos no corresponden con su manera de ingresar a los negocios.

Por un error

El 11 de marzo, el jefe de proyectos agrícolas de Proinversión, Jaime Shimabukuro, y dos personas del área de prensa fueron recibidos con cartas de despido al entrar a sus oficinas. Una orden que no llegó a tiempo para impedir la publicación de un aviso habría provocado el sismo. El anuncio marcaba el inicio del proceso para la venta de acciones del Estado en Pomalca.

Tres semanas después, el ex funcionario dijo al diario La República: “Que había interés por acelerar el proceso, lo había”.

Fuentes del sector comentan que tanto movimiento no es gratuito. Un escenario convulsionado socialmente desanima a las empresas internacionales interesadas en las acciones azucareras del Estado, ya que no pondrán en riesgo su inversión. Así las cosas, apurar la venta del paquete estatal en estas condiciones solo podría favorecer a los postores locales más grandes. Y quienes están a la espera de Pomalca son los grupos Gloria, Brescia y Romero.

El Grupo Oviedo afirma que Proinversión no actúa de manera transparente. Voceros de la agencia estatal niegan que haya intención de apurar la venta del paquete estatal en Pomalca y Tumán. Por el contrario, sospechan que la movida va en sentido contrario. Hacer más lento el proceso o trasladarlo hasta el próximo año permitiría prolongar la protección patrimonial que cubre a las azucareras y que impide las cobranzas coactivas por sus deudas hasta diciembre del 2010. En este caso, las luces apuntan sobre Oviedo.

Protección eterna

El Estado peruano tiene acciones pendientes de venta en un número limitado de empresas azucareras: 0,78% en San Jacinto, 7% en Tumán, 27% en Cayaltí y 32,8% en Pomalca. Pero el Estado, al mismo tiempo, mantiene vigente desde hace varios años una ley que protege su patrimonio ante cualquier medida cautelar que lo amenace. El Estado protege sus acciones, pero de paso a quienes las administran.

Pomalca y Tumán tienen esa ventaja. Sin embargo, la administración Oviedo, que ya lleva cinco años en las azucareras, no ha reducido la deuda laboral y tributaria de las compañías. Hasta el 2008, los pasivos de Pomalca por ambos conceptos llegaban a S/. 191 millones, unos S/. 20 millones más que el año anterior. Asimismo, los beneficios sociales adeudados a los trabajadores aumentaron en S/. 7,5 millones entre el 2007 y el 2008.

Edwin Oviedo sostiene que las inversiones realizadas recién empiezan a rendir frutos y que los resultados se notan en los estados financieros del 2008 (documentos que fueron entregados el 22 y 23 de junio, apurados por una ley). Afirma que el año pasado pagó S/. 7,5 millones a la Sunat por el ejercicio anual. Sin embargo, ese año la deuda acumulada de Pomalca a la Sunat aumentó en S/. 6 millones, hasta S/. 24,4 millones, mientras que los pagos pendientes a la Oficina de Normalización Previsional aumentaron en S/. 7 millones, hasta S/. 28 millones.

Pero además hay un tema vinculado por analizar. Oviedo es también un importante comercializador de alimentos en el país, y las ventas de la azucarera Pomalca suelen ir a las empresas de transporte y comerciales del mismo grupo. El directivo afirma que la práctica es común en todas las azucareras. La diferencia está en que en su caso hablamos de un accionista minoritario y de una empresa que sigue siendo protegida por el Estado.

El Indecopi, que regula la libre competencia en mercados, analizó esta situación como parte de una evaluación sobre la concentración en el mercado azucarero, y encontró que entre el 2005 y el 2007 Pomalca vendió 90% de su producción, en promedio, a tres empresas del mismo grupo. El detalle revelador es la diferencia entre el precio al que los Oviedo venden el azúcar a sus propias empresas distribuidoras y el precio del mercado mayorista (véase los gráficos de la página siguiente).

¿Qué significa esto? En la medida en que el precio de venta del ingenio es menor, las (sus) distribuidoras mayoristas pueden quedarse con un mayor margen de los ingresos recibidos por la venta a los minoristas, recursos que de ingresar a Pomalca pertenecerían también al Estado y los trabajadores y podrían ser utilizados para pagar las deudas laborales y tributarias de la empresa.

Con 80.000 toneladas de producción anual (20 sacos por tonelada) y asumiendo el margen extra que transfirieron a sus comercializadoras el 2006 y 2007, el Grupo Oviedo podría desviar este año a sus distribuidoras más de S/. 10 millones. Esto sucedía mientras el 2008 los pasivos de Pomalca aumentaron en alrededor de S/. 40 millones frente al 2007. Oviedo afirmó meses atrás a Perú.21 que Pomalca aún no producía utilidades. Las ganancias, sin embargo, sí se están generando en los otros negocios del grupo. La protección patrimonial, esa norma que protege a las azucareras para que ninguna deuda tenga que ser cumplida, le viene como anillo al dedo.

Contragolpe en el Congreso

Del Castillo afirma que una vez fuera del Ejecutivo ha podido darle más tiempo a su otra vocación, que son los temas de fondo del Perú. El problema azucarero y el de la gran propiedad es uno de ellos. Recuerda a Carlos Malpica y Los dueños del Perú, obra en la cual se ponía en evidencia que la propiedad del Perú hasta la década de 1960 estaba en manos de pocas familias. Pero, a diferencia del antiguo líder izquierdista, la gran preocupación del ex Primer Ministro es el mercado.

Eduardo Zegarra, de Grade, recuerda que el APRA nació precisamente como un partido que se oponía a la gran propiedad y al latifundio prevelasquista. “Desde ese punto de vista se entiende el proyecto [de limitar la propiedad agraria]. Más bien lo curioso es ese nuevo perfil promercado”, afirma.

Le preguntamos a Del Castillo qué otro proyecto tiene en mente. Su duda nos convence de que no ha tenido tanto tiempo como imaginábamos.

La iniciativa que promueve llegó a la mesa de partes del Congreso un 21 de abril, firmada por su colega de bancada Alfredo Cenzano. Lo llamativo del proyecto seguía siendo la extensión. Las 40.000 hectáreas como límite dejaban fuera de carrera a un postor en la venta de Pomalca, el Grupo Gloria, y ponían la mesa con mantel largo para que la actual administración acumule la mayoría de acciones en la azucarera. Si esta propuesta era eliminada, quedaba en pie un enroque: el proyecto que otorga a los trabajadores la opción preferente de compra sobre las acciones estatales que se pongan en subasta. Fue presentado por el Partido Nacionalista Peruano (PNP), aprobado en una jornada en comisiones y votado por el pleno del Congreso en pocas semanas. Hoy los trabajadores de Pomalca no podrían pagar los S/.103 millones que cuesta el paquete estatal al precio actual de la acción en bolsa, pero quizá su propio inversionista principal podría hacerles un préstamo. Algo similar hizo el Grupo Romero en 1987, cuando trasladó todas las acciones a sus empleados para mantener el Banco de Crédito al ser estatizada la banca en el primer gobierno de Alan García.

Edwin Oviedo sostiene que él no fue consultado sobre este último proyecto y que la idea fue discutida directamente por el líder del PNP, Ollanta Humala, y parte de su bancada en una asamblea con los trabajadores de Tumán. Freddy Otárola, vocero del PNP, afirma que el pedido fue de los trabajadores, aunque le preocupa que su iniciativa pueda ser prostituida. El proyecto fue aprobado por el pleno con varios añadidos a inicios de junio. Uno de los cambios permitía a los trabajadores acceder a las acciones mediante una garantía sobre los depósitos no pagados por CTS y otros conceptos laborales. Para el congresista Martín Pérez, que votó contra la propuesta, sería el Estado el que debe garantizar dicha deuda por ser el accionista mayoritario. “Es inaceptable que tenga que ser el Estado quien asuma [la deuda] cuando la administración privada no lo ha hecho por cinco años”, sostiene. Además, dice, existe el riesgo de que los trabajadores sean utilizados. Por su parte, la Asociación de Azucareros para la Compra de Acciones del Estado afirmó en dos diarios locales lo siguiente: “Estamos en la capacidad de comprar las acciones, podemos poner en garantía nuestra CTS”. Quien habló por este grupo fue José Carlos Isla, que en conversación con PODER Enterprise confirmó que es asesor legal de la administración de Pomalca. “También soy un trabajador [de la azucarera]” fue su respuesta cuando le consultamos por esta doble labor. Días más tarde, la iniciativa fue rechazada por el Poder Ejecutivo. Para el presidente García, la opción preferente de compra por parte de los trabajadores sería perjudicial para valorizar sus propias deudas, ya que las acciones adquiridas podrían luego ser recogidas por algún inversionista por un menor precio. Frente a esta posibilidad, recomienda venderlas en oferta pública. La respuesta de la Comisión Agraria fue inmediata. En una jornada aprobó que las acciones compradas por trabajadores no podrán ser traspasadas a menor precio ni tampoco en los primeros dos años desde la adquisición, lo que no evita que la operación sea manejada por manos externas. Con estos cambios la norma será promulgada por el Congreso.

El aroma de fondo

Hace un año, la estadounidense Maple adquirió cerca de 10.600 hectáreas en Piura para un proyecto de etanol, que ha encontrado más de un problema social por el uso del agua. Los Romero ya adquirieron terrenos en Piura con este propósito, 8.000 hectáreas del proyecto Caña Brava, y los Brescia están buscando terrenos. El interés en este negocio es enorme y los grupos locales están muy dinámicos. Gloria, pese a negar una participación directa por Pomalca (en una nota enviada a Conasev por su representante bursátil Fernando Devoto), no descarta la compra de otras azucareras. Incluso más adelante podría pujar por el ingenio chiclayano a través de terceros. De hecho, meses atrás estuvo en conversaciones para adquirir el anexo Salamanca, pero desistió de la operación pues este era propiedad de la familia Sánchez Paredes. Los Oviedo han confirmado que analizan una alianza con un inversionista extranjero para producir etanol, una vez consolidada su producción azucarera. Piensan además en Cayaltí. Asimismo, las empresas agroindustriales esperan que se dé el punto de partida para la venta del Proyecto Olmos, 30.000 hectáreas de tierras en Lambayeque. Hace unos meses, ante los rumores de que existía presión de algunas empresas (principalmente de una estadounidense y de una peruana) para subastar la totalidad de las hectáreas en un solo bloque, la Cámara de Comercio de La Libertad invitó al presidente regional de Lambayeque para llamar su atención sobre este riesgo y para mostrarle lo bien que había funcionado Chavimochic con subastas de bloques de menor tamaño, a partir de 500 o 1.000 hectáreas.

“Hay interés de algunos grupos locales y extranjeros por acumular grandes extensiones de terreno, pero el Estado no puede ser el principal promotor de posiciones monopólicas”, afirman los directivos del gremio. La costa peruana, el lugar ideal para la siembra de caña por sus condiciones geográficas, no posee más extensiones grandes y con agua donde desarrollar cultivos de gran escala. De esta manera, cualquier posibilidad de adquirir tierras se convertirá en una batalla, una en la que casi todo vale.