Han transcurrido doce años, pero el caso de la fábrica Cuvisa no deja de sorprender. La contundente acusación penal, que ha derivado en una investigación por lavado de dinero de consecuencias impredecibles, revela que los socios de Right Business confabularon con el presidente de la Junta de Acreedores de la textil para vender dos extensos terrenos (90 mil m2) de esta empresa en el Rímac por US$ 6,1 millones, repartirse el dinero y ocultar esta irregularidad falseando e inventando gastos.

Los terrenos del Rímac, que inicialmente debieron ser vendidos a otra constructora, acabaron siendo comprados en agosto del 2002 por una empresa de capitales extranjeros que se había constituido apenas ocho meses antes de la transacción: Argenta Inmobiliaria. Fundada por dos colombianos, con un capital inicial de solo mil soles, y administrada inicialmente por tres españoles, pagó US$ 6,1 millones a los representantes de Right Business. En los documentos registrales del caso no se identifica a los titulares de las cuentas bancarias que recibieron el dinero de Argenta (financiada por una ONG de España investigada por enriquecimiento ilícito), tampoco su procedencia. Por estos actos, la justicia investiga a Ayar López Cano y Rocío Chávez. Ambos están hoy procesados, bajo comparecencia, por aprovecharse del patrimonio de la fábrica Cuvisa y por asociación ilícita para delinquir.

Por este caso, Right Business fue investigada también por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi, que fiscaliza a las administradoras y liquidadoras). Cuando Ribsa hizo sus descargos ante esta entidad, se descubrió la dimensión de los presuntos malos manejos. Ayar López Cano y Rocío Chávez habían declarado que los US$ 6,1 millones procedentes de la venta de los terrenos de Cuvisa “se utilizaron para pagar gastos y créditos”, pero apenas justificaron la totalidad de los egresos desde que entraron a la compañía textil. Solo entregaron documentos —boletas, facturas y recibos por honorarios— por US$ 230.000. Cualquiera que los revise podría temer por los bienes de la “U” (Campo Mar y el estadio Lolo Fernández) y de Doe Run (la refinería de La Oroya y la mina Cobriza de Huancavelica). Según estos comprobantes, los socios de Ribsa usaron el dinero de la agonizante Cuvisa para pagar supuestos contratos de trabajo suyos, de sus esposas, de sus empresas y hasta de sus operadores.

La lista de cobros irregulares la encabezó Rocío Chávez, gerenta de Right Business, quien se pagó a sí misma US$ 90.000 por “concepto de estudio y evaluación de titulación de terrenos” y US$ 21.000 por “asuntos litigosos”. También aparecen Cecilia Wong Ruiz, dedicada a la venta minorista en Piura, quien recibió US$ 26.000 por “teneduría de libros contables”; la empresa Servicios y Agregados Andinos (Syandinos, de López Cano), con US$ 24.000 por “asesoría contable”; Bilma Salazar, esposa del hoy liquidador de la “U”, con US$ 21.000 por “gestión de recuperación de activos”; la compañía Administradora Andina (también de López Cano), con US$ 9.000 por “clasificación de documentos”; el abogado de Ribsa, Juan Arana Veli, con US$ 7.500 por “asesoría legal”; y Ana Bonilla Uria, secretaria, pero presentada como directiva de la liquidadora, con US$ 4.500 por temas “administrativos”. El dinero de Cuvisa quedó en familia.

Indecopi, en la investigación que realizó entre el 2008 y el 2009, descubrió que Right Business hizo otros pagos irregulares y sin justificación, por lo que le impuso una multa de 45.600 soles (12 unidades impositivas tributarias). La gravedad de los cargos administrativos y del proceso judicial que continúa hasta ahora debió sepultar la credibilidad de la liquidadora, pero no fue así. En el 2004, dos años después de la historia de Cuvisa, los socios volvieron a protagonizar otro escándalo, pero esta vez le tocó el turno a la legendaria Transportes Lima Metropolitana EPS, cuyos ómnibus circulaban por la capital en los años 70 hasta que desaparecieron sin pena ni gloria a mediados de los 90. Estando aquella al borde de la quiebra, la empresa de López Cano y Rocío Chávez fue designada por la Junta de Acreedores para liquidarla. Eran los primeros años del boom inmobiliario.

En octubre del 2004, Right Business repitió la historia de los terrenos de la fábrica Cuvisa y vendió el activo más codiciado de Transportes Lima Metropolitana: su planta en Santa Anita cercana a la Carretera Central, un terreno casi del tamaño de Palacio de Gobierno. Ninguno de los entrevistados para esta investigación conoce cómo empezaron las negociaciones, pero lo cierto es que el contrato de compraventa fue firmado aquel año por Rocío Chávez, gerenta general de la liquidadora, y la arquitecta Martha Poblete Gutiérrez, representante de Poblete Arquitectos, Diseño y Construcción, quien pagó US$ 830.000 por los 15.400 m2 del inmueble (unos 84 dólares por m2). La transacción pasó inadvertida y estaba condenada al olvido si no fuera por los documentos que ahora revelamos.

Estos registros confirman que detrás de la empresa Poblete Arquitectos estaba un accionista desconocido: Montserrat de la Frontera, una compañía constituida en Panamá por operadores del entorno de Right Business como Óscar Vidal, abogado de la directora de Ribsa; el ingeniero Édgar Candiotti Peláez, allegado de López Cano; y el panameño Eloy Bonilla, integrante también de la sociedad panameña Los Reyes International, creada en el 2005 por Rocío Chávez y el ingeniero Renzo Chío Borgondo, otro personaje vinculado a la liquidadora.

La verdad cayó por su propio peso. Aunque se desconoce la procedencia y el destino de los US$ 830.000 pagados por la planta de Transportes Lima Metropolitana, los documentos evidencian que los socios de Right Business se vendieron el terreno a sí mismos. Esta jugada se confirmó en el 2005. Luego de la controvertida operación y del repentino fallecimiento de Martha Poblete, López Cano fue inscrito en Registros Públicos como directivo de la empresa Poblete, mientras que Candiotti Pélaez permanecía como gerente general. Todo parecía preparado. Meses después, ambos hipotecaron el terreno de Santa Anita ante el Banco Continental para recibir un préstamo de US$ 6,7 millones a cambio de construir un condominio familiar cerca de una de las zonas de mayor tránsito comercial de la carretera central.

Así lo hicieron. Entre el 2006 y el 2008 levantaron 15 edificios de 7 pisos, 240 departamentos en total, y 10 zonas de cochera. Antes de acabar la construcción, López Cano ya estaba vendiendo los inmuebles construidos sobre el patrimonio de Transportes Lima Metropolitana que él debía proteger. En pocos años, el liquidador se había convertido en un empresario de bienes raíces, según se observa en los contratos de compraventa firmados por él y Candiotti Peláez con las personas que adquirieron los departamentos de uno de los complejos residenciales más grandes de Santa Anita. El negocio inmobiliario, en pleno auge en la capital, parecía lo suyo.

La historia de la fábrica Cuvisa y de Transportes Lima Metropolitana se repitió por tercera vez en el 2008, cuando los socios de Right Business ingresaron a la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones San Andrés de Miraflores, creada por un grupo suizo en los años 60. Aun cuando la entidad no estaba en liquidación, los accionistas nombraron como presidente del directorio a López Cano y como gerenta general, a Rocío Chávez, eligiéndolos, además, como apoderados. Así se selló el destino del mayor activo de la empresa: el terreno de 25.000 m2 que albergó por décadas a la pollería El Rancho en la avenida Benavides, en Miraflores. Los documentos del caso revelan que los liquidadores tomaron el control definitivo de San Andrés de Miraflores luego de que un desconocido, José Andrade Antón, se convirtiera en el dueño del 80% de esta empresa. ¿Quién es este personaje sin recursos económicos ni historial crediticio que acabó como accionista de la poseedora de uno de los inmuebles más costosos de Miraflores?

Pocos lo saben hasta ahora. Andrade Antón es empleado de Right Business, figura en el proceso judicial por los presuntos malos manejos en Cuvisa y hoy aparece vinculado a la “U” bajo la gestión de la actual administradora. Este hombre sería la pantalla para ocultar los negocios de López Cano. En una entrevista publicada en un diario local en el 2008, el hoy liquidador de la “U” aceptó haber comprado por US$ 7 millones los 25.000 m2 del otrora El Rancho. En el 2010, en un reporte de Registros Públicos, dijo ser el dueño de San Andrés de Miraflores; sin embargo, en ningún documento registral de este inmueble aparece transacción financiera que respalde sus declaraciones. Lo único concreto es que en el 2011, el extenso terreno ya estaba dividido en dos partes: 78,5% para área residencial y 21,5% para área comercial.

Ese mismo año, San Andrés de Miraflores —representado por Ayar López Cano y Rocío Chávez— vendió el 78,5% del codiciado El Rancho a la inmobiliaria Shamrock Perú. El precio: US$ 11 millones. Hasta hoy se desconoce la identidad de los titulares de las cuentas bancarias que recibieron semejante cantidad de dinero. Pocos días después, en mayo del 2011, la empresa de la avenida Benavides también vendió el 21,5% del predio. Según los documentos suscritos por los liquidadores de Ribsa, el inmueble fue vendido supuestamente al contador César Peláez Armas y a su esposa por US$ 3 millones. Peláez es un personaje del entorno de Right Business, trabajó con López Cano en los 90 y actualmente es su apoderado en Doe Run, pero aun así no tiene capacidad económica suficiente para desembolsar tal cantidad de dinero, revelan sus reportes financieros.

Cinco meses después de esta sospechosa operación, el contador Peláez se deshizo de su parte del predio, al revenderlo a la inmobiliaria Khalida en octubre del 2011, según Registros Públicos. Aquí apareció otra sorpresa. ¿Quiénes estaban detrás de la empresa compradora creada solo unos meses antes de aquella operación? Los únicos accionistas eran el ingeniero Renzo Chío Borgondo y Tony Huanca Dávila. El primero es apoderado de Ribsa en Doe Run junto con Peláez Armas (sí, el vendedor del terreno) y, además, socio de la empresa panameña Los Reyes International de Rocío Chávez, mientras que el segundo fue directivo de Right Business entre el 2004 y el 2012. Según los documentos, Peláez recibió un presunto pago de US$ 3,1 millones, US$ 100.000 más de lo que él (también supuestamente) había desembolsado por el inmueble. El papel aguanta todo, incluso las transacciones ficticias.

No pasó mucho tiempo para que los representantes de Right Business se vieran involucrados en un cuarto caso semejante a los anteriores. Esta historia se originó en el 2002 cuando asumieron la liquidación de la recordada Compañía Embotelladora Pacífico (Cepsa), que en sus mejores años produjo y comercializó las gaseosas Pepsi y 7Up, gracias a un convenio con la trasnacional Pepsico, y luego bebidas de marcas locales, como Crush, Canada Dry y Kola Inglesa. Diez años después, durante los cuales ocurrieron los casos de Cuvisa, Transportes Lima Metropolitana y San Andrés de Miraflores, Ayar López Cano y Rocío Chávez intentaron vender el principal activo de Cepsa: su gigantesca planta de 27.000 m2 ubicada en la avenida Venezuela, en el Cercado de Lima.

En noviembre del 2012, en una decisión cuestionada, porque no habrían recibido la aprobación de la Junta de Acreedores de Cepsa, los socios de Ribsa firmaron un acuerdo de compraventa por US$ 14 millones con Corporación Gran Atlántico, creada nueve meses antes del jugoso contrato y sin experiencia en el rubro constructor e inmobiliario. ¿Quiénes representaban a esa compañía en la millonaria operación? El ingeniero Juan Franco Medina y la abogada Marianela Rodríguez Lozada. Al revisar los antecedentes de estas personas, encontramos que esta última figura, desde el 2005, como empleada de López Cano en Servicios y Agregados Andinos y en Poblete Arquitectos, Diseño y Construcción, ambas empresas involucradas en las irregularidades anteriores.

Además de la sospechosa transacción que iba a realizar, Right Business también había subvaluado el precio real del inmueble de la fábrica de Cepsa, según las pesquisas policiales que se realizaron posteriormente. La Dirincri concluyó en su atestado que la planta de Cepsa costaba US$ 31,9 millones y no los US$ 14 millones que supuestamente iba a pagar Corporación Gran Atlántico. Por tal motivo, el Ministerio Público denunció a Rocío Chávez, en calidad de gerenta de la administradora. En diciembre del 2013, luego de las pesquisas policiales y de las denuncias en Indecopi por parte de los acreedores de Cepsa, los liquidadores dieron marcha atrás y anularon la venta del terreno de la avenida Venezuela con el argumento de que los representantes de la empresa compradora (una de ellos, empleada de López Cano) no habían cumplido con pagar los montos en las fechas acordadas. Si pensaron que aquella decisión haría olvidar la historia de Cepsa, se equivocaron.

En los últimos dos años, Right Business ha ganado la atención mediática que nunca tuvo desde su creación y pasó de ser una empresa que administraba compañías de pasado emblemático en los años 80 y 90 a la Premier League de las liquidadoras, gracias a Indecopi, que pese a sancionarla y multarla en innumerables casos, la nombró administradora temporal de la “U”; y también gracias a la Junta de Acreedores de Doe Run, que la eligió para liquidar la refinería de La Oroya y la mina Cobriza, valorizadas en US$ 100 millones. Hoy, Ayar López Cano celebra campeonatos vistiendo la camiseta del ídolo Lolo Fernández, y la abogada Rocío Chávez se ha transformado en un personaje popular por ser la primera mujer en dirigir las riendas de la “U”. Se conocen tanto que el año pasado ella le vendió su casa de playa en un condominio de lujo en Asia por US$ 250.000. Los negocios prosperan.

Sin embargo, el escándalo por la venta frustrada de la fábrica de Cepsa, ocurrido en la misma época en que Right Business asumía el control de la “U” y Doe Run, no ha pasado por debajo del radar de los órganos de inteligencia financiera. En la última década, cada vez son más notorios los casos de transacciones ficticias y operaciones sospechosas en el rubro de las compañías inmobiliarias y constructoras. Los actos presuntamente irregulares de los miembros de Ribsa —sancionados por Indecopi, castigados como faltas éticas por el Colegio de Abogados de Lima y denunciados por innumerables fiscalías penales de Lima— han concitado la atención de la Fiscalía de Crimen Organizado, que hace pocos meses abrió una investigación oficial por blanqueo de capitales.

En las pesquisas iniciales, ya notificadas a la Procuraduría de Lavado de Dinero y a la Unidad de Inteligencia Financiera, la mira está puesta en la estructura organizacional de Ribsa durante la última década, así como en la participación de sus principales operadores, ya sea en calidad de empleados, representantes u apoderados. Precisamente, en esta lista descubrimos la inesperada presencia del exsecretario presidencial de Alan García, Luis Nava Guibert, fundador del estudio Nava & Huesa Asociados, y de otros tres abogados: sus hijos Luis y Jean Pierre Nava Mendiola, y Juan Huesa Panizo. Según Registros Públicos, ellos fueron designados como apoderados en la administración de Doe Run por López Cano, el principal investigado por lavado de activos.

Nava Guibert, que fue citado por la Megacomisión del Congreso por irregularidades ocurridas durante el gobierno aprista, es conocido de López Cano desde que postularon sin éxito al Parlamento en el 2000. El propietario de Right Business, que continúa afiliado al padrón del APRA desde entonces, nombró al exsecretario de la Presidencia, a sus dos hijos y a su socio en agosto del 2013. Aunque se desconoce qué papel exacto cumplen Nava y sus tres socios, no pasa desapercibido que ellos fueron elegidos como apoderados de Doe Run mientras Ribsa y la junta de acreedores de la minera están en negociaciones para vender este año el complejo de La Oroya y la mina Cobriza a través del banco suizo de inversión UBS.

La investigación por lavado de activos se extenderá además a los trabajadores de Ribsa involucrados en los procesos de liquidación mencionados y que hoy están en puestos claves en el manejo de la “U” y Doe Run. Desde López Cano, hasta la gerenta general Rocío Chávez, la secretaria Ana Bonilla Uria, los apoderados Renzo Chío Borgondo y César Peláez Armas, así como José Andrade Antón, Marianela Rodríguez Lozada y Édgar Candiotti Pélaez. Este último, a través de su empresa de construcción Sunrise Customers and Sales, elaboró el expediente civil para tribunas y palcos del estadio Monumental de la “U” en mayo del 2012, apenas un mes después de que la administradora asumiera el control del club.

Las pesquisas por blanqueo de capitales –un legajo ya se abrió en la Procuraduría de Lavado de Dinero– prometen romper los secretos que se mantienen sobre el millonario contrato de cesión de derechos televisivos firmado por ocho años por la administradora de la “U” y la empresa GolTv (de propiedad del empresario uruguayo-brasileño Paco Casal), que cuenta con una clausula de confidencialidad que ni Indecopi, el principal ente fiscalizador, conoce hasta ahora. “Estamos impedidos de dar más detalles de ese contrato; no obstante, es necesario que los acreedores –Sunat es uno de los principales– se sientan seguros de la contratación del nuevo operador”, dijo Ribsa en un reporte enviado en el 2013 a Indecopi. Queda claro, tras conocerse los antecedentes de la compañía de Ayar López Cano y Rocío Chávez, que Right Business no inspira mucha confianza o transparencia.

Ello también quedó en evidencia en una reunión ocurrida en noviembre del 2013, entre los socios de la liquidadora y los integrantes de la Junta de Acreedores de Doe Run, encabezados por los representantes del Ministerio de Energía y Minas y otras compañías mineras. En dicha cita, luego de que los liquidadores repasaran una y otra vez los modelos para obtener financiamiento o vender el complejo metalúrgico a través de sus contactos con la banca suiza y japonesa o con constructoras chinas, Ayar López Cano soltó la siguiente frase: “Que nadie esté hablando de estos temas y menos con la prensa”. La filosofía de Right Business es clara: mientras menos se sepa, mejor.