POR SANTIAGO ALFARO*
¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de la televisión? La pregunta ha rondado la opinión pública peruana luego de que se organizase la marcha contra la “televisión basura”. En el ámbito internacional existen, entre otras, tres políticas de comunicación desarrolladas para lograr esa mejora: la creación de defensorías de audiencias, el fortalecimiento de la televisión pública y el financiamiento de la producción audiovisual.
Las defensorías de audiencias o del televidente son un mecanismo de autorregulación que viene extendiéndose en América Latina. Tienen como objetivo recibir los reclamos y las sugerencias del público sobre el contenido de lo difundido por los canales de televisión abierta. En el Perú, el tribunal de quejas de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión cumple una función parecida pero con muy escaza eficacia. Es una institución poco conocida, distante, pasiva y lenta.
Además, al representar a todos los canales privados y por tener un perfil judicial, el tribunal pierde la capacidad de interlocución requerida para convertirse en una bisagra entre las televisoras y sus audiencias. En cambio, una defensoría circunscrita a cada medio pero autónoma, liderada por una persona reconocida, ágil y con recursos para difundir sus funciones, lograría no solo canalizar de mejor manera las críticas del público, sino también nutrirse de sus propuestas.
El fortalecimiento de la televisión pública, por su lado, se erige como una medida imprescindible para garantizar una oferta plural. Los sesgos propios de su carácter comercial hacen que en los seis canales de la televisión abierta no estén representados todos los grupos de interés y de identidad de la sociedad peruana. Una televisión pública tiene como mandato acoger la demanda insatisfecha por los privados.
En nuestro país, sin embargo, a pesar de que TV Perú pasa por uno de sus mejores momentos, aún poseemos una televisión estatal de mediana calidad y muy dependiente del Gobierno. El debate sobre el anteproyecto de ley de radiodifusión pública, desarrollado durante el gobierno aprista, debería ser retomado. El anteproyecto requiere algunas mejoras, particularmente en lo relacionado con las fuentes de financiamiento y el sistema de elección del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), puntales para garantizar su autonomía.
También podría incluirse una nueva función al IRTP: financiar producciones audiovisuales, siguiendo el modelo del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de Colombia y del Fondo de Fomento a la Calidad de la Televisión de Chile. Ambas experiencias demuestran que la inyección de recursos públicos para la producción y la distribución de miniseries, telenovelas o documentales (entre otros) contribuye a la creación y a la exportación de contenidos alternativos, así como a la profesionalización y al sostenimiento de la industria televisiva.
Las defensorías de audiencias, una televisión pública de verdad y fondos concursables son piezas de políticas básicas para mejorar la calidad de la televisión abierta. Pueden evaluarse otras, como el establecimiento de una franja cultural parecida a la instituida en Chile.
En todo caso, discutir en serio todas estas opciones y trascender la anestesia generada por un Estado pasivo y un empresariado soberbio y conformista exige dos condiciones. Primero: reconocer que, sin caer en la censura, el Estado es capaz de tener un rol más activo en las políticas de comunicación. Y segundo: aceptar que las empresas comerciales, por el interés público del negocio televisivo, están obligadas a escuchar a sus audiencias, a ponerle límites al periodismo amarillista y a diversificar sus fórmulas para obtener rentabilidad.
*Publicado en la edición de marzo de la revista PODER
