Escribe: Christopher Acosta A.

El Ejecutivo implementó ayer en Mollendo (Arequipa) una Mesa de Diálogo con el objetivo de iniciar conversaciones con la población, que se opone al inicio de operaciones del proyecto minero Tía María. En el mejor de los escenarios, este espacio de negociación permitiría no solo deponer los actos de violencia hasta ahora registrados, sino que conseguiría acuerdos entre el Gobierno, la empresa y la población. Las obligaciones de cada parte, como sucede tras la solución de un conflicto o de este tipo, quedarían detalladas en un Acta de Compromiso. 

Documentos de este tipo son de vital importancia, no solo porque oficializan los acuerdos alcanzados por los actores del conflicto, sino porque, de su cumplimiento, depende el no regreso del conflicto. Sin embargo, lo que parecía ser una política de apertura y transparencia en la solución de conflictos sociales, discrepa con una reciente decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros: no hacer públicas las Actas de Compromiso que ha firmado, a la fecha, con comunidades de todo el país.

La respuesta es producto de un pedido de acceso a la información pública que gestionó el Centro Líber, y por la que se solicitaron copia de todas las Actas de Compromiso suscritas a la fecha por el Gobierno con poblaciones protagonistas de conflictos sociales. Un segundo pedido, por el que se requería informes de avance de cumplimiento de los acuerdos suscritos, también fue denegado. 

La negativa

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), adjunta a PCM, se niega a hacer pública la información aduciendo que se tratan de documentos de tipo “consultivo”, a partir de los cuáles el Gobierno tomará decisiones. Su negativa se ampara, afirma, en una de las excepciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Los documentos se relacionan con procesos de diálogo que se vienen desarrollando a nivel nacional, y respecto de los cuáles aún no hay solución definitiva de los mismos. En dicho contexto se evidencia la existencia de un proceso deliberativo y consultivo, en el que se generan una serie de recomendaciones, que podría generar alguna decisión en el ámbito gubernamental”, dice el documento de respuesta del organismo encargado de la gestión de conflictos sociales en el país.

La respuesta, sin embargo, contradice a información de la misma ONDS que, en su página web, afirma haber resuelto a la fecha 41 conflictos sociales (38 en el 2014; y 3 en lo que va del año). Estos, por tanto, no deberían caer en la categoría de los que “aún no tienen solución definitiva”, pues ya cuentan con Actas de Compromiso. Pese a ello, la institución ha decidido “se les dote de necesaria confidencialidad”.

Defensoría reclama publicidad 

PODER le consultó al Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, sobre la decisión de la PCM de no hacer públicas las actas que suscribe con poblaciones protagonistas de conflictos sociales. Vega manifestó su desacuerdo con la intención de clasificar como “confidencial” esos documentos.

“Un Acta de Compromiso con una comunidad es de por sí pública, y no se puede negar acceso a ella aduciendo que servirá de insumo para una decisión gubernamental posterior, porque el acta en sí ya contiene decisiones de Gobierno, y son las que éste está ofreciendo a una determinada población”, dijo Vega.

El Defensor del Pueblo señaló además que un Acta de Compromiso producto de un conflicto social debe ser pública porque permitirá a la sociedad civil, y a cualquiera de los actores del conflicto, a hacer un seguimiento del nivel de cumplimiento de los acuerdos. “Y esto es muy importante, porque precisamente de ese cumplimiento depende que no retorne el problema social”.

También fue consultado sobre el tema Rolando Luque, de la Adjuntía de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, quien explicó que un a un Acta de Compromiso al ser producto de una negociación pública, y al ser distribuida luego entre los actores del conflicto, no supone ningún tipo de confidencialidad. “La Defensoría tiene incluso copias de algunas de estas actas. Si cualquier ciudadano la solicita formalmente, nosotros no tendríamos problema en entregarlas”, señaló.

Oficina sin cabeza 

Como parte de esta nota, PODER confirmó la renuncia del Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Julio Rojas Julca. El funcionario deja la institución en medio del momento más crispado del conflicto social en Arequipa, producto de la negativa de la población al inicio de operaciones del proyecto minero Tía María. La ONDS, bajo su gestión, deja identificados 113 conflictos sociales en todo el país.

De otro lado, Julio Arbizu, director de Centro Liber, anunció el trámite de un recurso de Habeas Data ante la decisión de Rojas Julca de no entregar la información, por lo que se intentará recabarla bajo orden judicial. 

“Se entiende que varios de estos conflictos ya están cerrados, a causa precisamente de los acuerdos de las Actas de Compromiso. No existe por tanto ninguna razón para reservar la información o para que esta sea confidencial”, declaró.