Hoy se cumplen 18 años del operativo "Chavín Huántar", la recaptura de la embajada japonesa donde miembros del MRTA mantenían a 72 rehenes, a cargo de un comando militar especial. Un rehén, dos comandos militares y 14 de los secuestradores murieron ese día. Poco después, revelaciones sobre la ejecución extrajudicial de tres de los emerretistas, ya rendidos, dividieron a la opinión pública e iniciaron un largo proceso judicial. Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia el caso para determinar si las investigaciones deben ser reabiertas (no ya en el fuero militar, como sucedió inicialmente), y si debe llevarse a cabo un nuevo juicio. Este informe de la revista PODER, publicado originalmente en 2012, da cuenta de todas las controversias alrededor de este caso y establece los hechos conocidos. Sigue siendo tan actual como entonces.

Escribe: Ricardo Uceda/INFOS

La presunta ejecución extrajudicial del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, alias ‘Tito’, se ha convertido en el centro del juicio Chavín de Huántar, que está por culminar en sede nacional. Después de cinco años de juicio oral –el proceso lleva diez–, solo falta la sentencia. Una sala de la Corte Superior de Lima debe determinar, ante todo, si ‘Tito’ y otros dos miembros del MRTA fueron asesinados después del operativo de rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón, el 22 de abril de 1997. Si la conclusión fuera afirmativa, también debe pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. Pero los efectos de la sentencia trascienden con mucho la suerte de quienes ocupan el banquillo.

En el proceso no están comprendidos los comandos que efectuaron el rescate, a quienes el fuero militar exculpó de cualquier responsabilidad luego de que la Corte Suprema le reconociera jurisdicción para juzgar el comportamiento del personal militar que intervino. Así, los acusados son los mandamases que junto con Alberto Fujimori –a quien las limitaciones de su extradición de Chile no permiten procesarlo– estuvieron en lo que podría llamarse el mando político: Vladimiro Montesinos, los militares dependientes del SIN Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga, y el entonces comandante general del Ejército Nicolás de Bari Hermoza. Huamán y Zamudio eran los oficiales más cercanos a Montesinos. A todos ellos el Ministerio Público los acusa de autoría mediata, pidiendo carcelería por entre 20 y 25 años.

Cualquier fallo tendrá efectos resonantes sobre el juicio que contra el Estado peruano se llevará a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. Allí, las preguntas a contestar, que ya están acotadas por la denuncia, son: ¿hubo debido proceso en la investigación de este caso de supuesta violación del derecho a la vida? ¿El Estado respetó los derechos de los familiares de los muertos?

Parte de las respuestas están cantadas, considerando la jurisprudencia del tribunal supranacional y ciertos hechos incontrovertibles. Por ejemplo, durante los nueve años en que estuvo el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el 2011 lo llevó ante la Corte, el Estado nunca negó que los familiares no fueron avisados del traslado de los cadáveres, ni de su entierro, ni del resultado de las necropsias, ni de las causas y circunstancias de sus muertes, para lo cual hubieron de presentar una denuncia penal. Por otra parte, la decisión de la Corte Suprema del Perú de enviar en el 2002 una parte del caso al fuero militar violó groseramente todos los cánones jurídicos y constitucionales aplicables a la situación.

Desde hace mucho tiempo, el criterio para determinar si militares deben o no ser juzgados en el fuero privativo es el bien jurídico afectado por el supuesto delito. Si es militar, por ejemplo afectación de la disciplina, va a un tribunal castrense. Si debe investigarse asesinato, un delito no tipificado en el Código de Justicia Militar, va al fuero común. En el 2004 la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional peruanos determinaron que las violaciones de derechos humanos no son delitos de función. De modo que ya se conoce lo que pensará cualquier corte internacional al respecto. Lo que no se sabe es si el tribunal interamericano, tras considerar el fallo próximo de la justicia nacional, ordenará un nuevo juzgamiento, en el cual los comandos ya no estarían blindados por el fallo absolutorio del fuero militar.

Por eso la sentencia que prepara la Tercera Sala Penal Especial presidida por Carmen Rojjasi e integrada por Carolina Lizárraga y Alejandro Farfán, tendrá efectos determinantes para lo que suceda en Costa Rica. Aquí viene lo interesante: el gobierno está jugándose a fondo para que la sentencia declare que no hubo ejecuciones extrajudiciales, lo que conlleva la declaratoria de inocencia de los acusados. Veremos que este es el camino más directo para perder en gran forma ante la Corte Interamericana, aunque no es seguro que la sala de Rojjasi lo transite. Pues lo que ocurrió este año en el juicio oral llevado a cabo en la Base Naval del Callao fue una consolidación de lo que el expediente por sí mismo demostraba: que ‘Tito’ fue asesinado de un balazo en la nuca.

Las evidencias principales del asesinato son cuatro, y fulminan cualquier duda. La primera, la más difundida, es el testimonio del exsecretario de la embajada de Japón, Hidetaka Ogura, quien aseguró haber visto que Eduardo Cruz era detenido cuando, una vez concluido el operativo, pretendía escapar confundiéndose con los rehenes rescatados que eran llevados al exterior de la residencia. La segunda es el testimonio de los dos policías que lo capturaron, Marcial Torres y Raúl Robles. Ambos declararon en el juicio oral haberlo entregado a un comando enviado por el coronel Jesús Zamudio, uno de los acusados, con quien se comunicaron por radio después de la detención. La tercera es el testimonio de los comandos que intervinieron en el sector de la residencia donde fue hallado el cadáver de ‘Tito’: la zona de servicio. Ellos dijeron que en ese lugar no se produjo ningún enfrentamiento. Una cuarta evidencia son documentos complementarios presentados por el Ministerio Público: informe del Instituto de Medicina Legal (IML), pericia del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), necropsia de la policía. Son exámenes del cadáver, demostrativos de que murió de un solo balazo en la parte posterior de la cabeza, por un disparo efectuado mientras el cuerpo estaba inmovilizado.

A esto hay que añadir una elocuente confesión del jefe del operativo, el general José Williams Zapata. Este dijo que al término del rescate sus hombres le reportaron 14 muertos –el número total de emerretistas en la embajada– pero que solo conoce cómo murieron 13. En el juicio oral y después, en una entrevista con Nicolás Lúcar en el programa Punto Final, aseguró que no sabe cómo murió ‘Tito’.

—No sé qué pasó exactamente con ‘Tito’ —dijo—. No sé si salió o no salió: nadie me lo explicó. Pienso que en el proceso judicial debe quedar claro.

Esta declaración guarda coherencia con una información definitiva procedente del juicio en el fuero militar. La sentencia, que declaró en el 2003 la inexistencia de delitos en el operativo, se refirió a la muerte de 13 emerretistas a los que menciona con nombre y apellidos. Ninguno de ellos es ‘Tito’. La muerte de ‘Tito’ no existió para el fuero militar. Este dato era sustantivo para el exagente del Estado peruano César Azabache:

—Por eso yo decía que podíamos convencer a la Corte Interamericana de que el fuero militar nunca se abocó al caso del único asesinato realmente demostrado: el de ‘Tito’. Y que la justicia común, con los retrasos que son propios de nuestro sistema, estaba viendo lo único investigable, y con acusados que correspondía: Montesinos, Hermoza y la gente del SIN.

La idea no coincidía con la de la parte civil, representada por Aprodeh, para la cual las ejecuciones extrajudiciales fueron tres. Tampoco con la de los acusados, quienes afirman no estar afectados por ninguna prueba. Pero sobre todo contrastó con la del gobierno, que decidió defender la tesis de que no existió ningún asesinato. Azabache se vio obligado a renunciar. Y entonces comenzó una patética producción en serie de peritajes estatales que terminaron siendo contradictorios entre sí.

El primer examen pericial, presentado por el Ministerio de Defensa el 26 de abril pasado, fue admitido por la sala pese a que estaba firmado por los mismos policías de Criminalística que habían suscrito un peritaje anterior aportado por el Ministerio Público. Admitirlo fue una decisión discutible: un perito oficial no debe ser perito de parte. Los policías reinterpretaron una pericia policial del 2001 hecha al cráneo de ‘Tito’, para decir que el disparo había sido efectuado a larga distancia. El procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, declaró a la prensa que esto desbarataba la pericia de Pablo Baraybar y Clyde Snow, antropólogos del EPAF, quienes fueron convocados por el Ministerio Público junto con especialistas del IML y Criminalística. El ministro de Justicia de entonces, Juan Jiménez, también declaró que esta novedad era muy importante. Supuestamente Baraybar y Snow habían dicho que el disparo fue a corta distancia. Pero ocurre que jamás lo afirmaron.

Por el contrario, lo que indicaron las pericias a los cadáveres de los emerretistas solicitadas en el 2011 por la fiscalía fue que no era posible conocer la distancia de los disparos que recibieron. Los cuerpos estaban descompuestos, no había piel ni tejidos blandos para aplicar pruebas como la parafina. En el caso de ‘Tito’, el cráneo estaba destrozado. Los peritos calculan la distancia examinando la piel. Un disparo a boca de cañón deja una quemazón y una mancha oscura producto de la onda explosiva, y los rastros se pierden en espacios muy cortos de lejanía. A partir de los 50 centímetros puede no encontrarse nada. A los 80 definitivamente no, y entonces se dice que el disparo fue a distancia. Pero más allá de la discutible capacidad que ahora tendría Criminalística para determinarla, ¿qué utilidad tiene saber que el disparo fue a distancia? Según dijo el procurador de Defensa, demostraría que no fue a boca de cañón –pegado a la cabeza– y que por lo tanto ya no podríamos hablar de ejecución extrajudicial. Pero un metro es lo suficientemente cerca para que ‘Tito’ pudiera haber sido muerto en las condiciones en que lo sostiene la fiscalía: inmóvil y de espaldas a su victimario.

A continuación apareció otro perito, el español Juan Manuel Cartagena, contratado por el Ministerio de Justicia. En su opinión, ‘Tito’ recibió un balazo a larga distancia, y no de arriba hacia abajo como decía el IML sino de abajo hacia arriba, y no de atrás adelante como sugería el EPAF sino de izquierda a derecha. Cartagena se paseó por los medios, siendo allí más rotundo que en su informe escrito, aunque sin mostrarse tan categórico sobre la ocurrencia de un homicidio como lo hizo el tercer perito, Derrick J. Pounder, director del Centro de Medicina Forense y Legal de la Universidad de Dundee, Escocia. A cuenta del Ministerio de Defensa, Pounder criticó a Baraybar y Clyde por no haberle dado la importancia que merecía la necropsia de 1997, hecha en el Hospital de Policía, en la que se establece el orificio de entrada de la bala debajo de la oreja izquierda, a diferencia del análisis de la exhumación del 2001, donde no hay tanta precisión sobre este detalle. También reivindica el acta de levantamiento del cadáver, en la que un juez militar aseguró que ‘Tito’ murió con una granada de guerra en su mano. Pounder concluye: no hubo ejecución extrajudicial.

A estas alturas, los ministerios de Justicia y Defensa patrocinaban cada vez más las piezas documentales obtenidas de la grotesca manipulación de evidencias que siguió al 22 de abril de 1997. La justicia ordinaria no tuvo acceso al escenario. La necropsia encomiada por Pounder se hizo de manera parcial, sin fotografías ni videos, en espacios impropios y por personal no especializado. Dos de los tres peritos que firmaron el acta de levantamiento de cadáveres –que daba cuenta de la granada en la mano de ‘Tito’– no estuvieron presentes en la diligencia y dijeron al fiscal que fueron obligados a suscribirla. De cualquier modo, algo no estaba en cuestión: ‘Tito’ murió de un solo disparo en la cabeza. Entonces apareció el cuarto peritaje.

Fue contratado por el Ministerio de Justicia. Su presentación fue aún más ruidosa que la de Cartagena. Al momento de anunciarla con conferencia de prensa, el agente del Estado peruano, y hoy ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dijo:

—Desbarata, destruye completamente la tesis que han estado utilizando los acusadores en el sentido de que el terrorista Cruz Sánchez fue ejecutado de un solo balazo. Y por otro lado desmorona el informe que sustentó la acusación del señor Baraybar y del señor Snow, quienes manifestaron que en los restos de Cruz Sánchez solo se encontró una bala.

Lo más sorprendente de esta intervención fue que al sostener que ‘Tito’ tenía un balazo en el tórax, Cateriano desmerecía los tres peritajes anteriores ofrecidos con bombos y platillos por el gobierno.

El cuarto perito era el radiólogo John Austin, del Hospital Presbiteriano de Nueva York. En su informe, Austin asegura que existe “una opacidad metálica que representa una bala, incluyendo diminutos fragmentos metálicos adyacentes en el segmento inferior derecho del tórax”.

La afirmación desconcierta porque Austin es un profesional reconocido y es impensable que Cateriano se prestara a un fraude. Pero el cuerpo de ‘Tito’ fue objeto de una necropsia por parte de la policía en 1997. Luego fue revisado en el 2001 por Baraybar, Snow y el IML. La información de que el cuerpo presentaba un solo orificio letal parece incontrovertible de acuerdo con los documentos que sirven para el juicio. Los exámenes establecen que tenía un balazo en el pie que él mismo se hizo al comienzo de la toma de la embajada y que no evolucionó hacia una herida de gravedad. Su polo tenía dos agujeros de bala que, según explicó en el juicio oral Neptalí Quiroga, el perito del IML que suscribió uno de los dictámenes en el 2001, fueron hechos por un solo proyectil, pues la posición de postración en que estaba el emerretista produjo pliegues en la prenda. Esto explica las dos perforaciones. No hay nada más.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, habría un informe necrológico de la policía militar –como la radiografía, tampoco está en el expediente– que menciona una bala en el abdomen de ‘Tito’. No dice si es mortal, no describe herida alguna, no hay un acta con la recuperación de la bala. ¿Cómo entró sin perforar el tejido ni la ropa? ¿Tenía ‘Tito’ alojada una bala inocua en el tórax antes de la toma de la embajada? ¿Era mortal? ¿La radiografía que revisó John Austin era realmente la de su cadáver?

En el juicio oral se llegó a examinar el polo de ‘Tito’, y no tenía bala en el tórax. De cualquier modo, el informe de Austin no fue aceptado por la sala porque no es un documento ilustrativo. En el juicio oral no pueden presentarse nuevas pruebas. Solo pericias que ‘ilustren’ algo que ya se ha visto. Sin embargo, la presidenta de la sala, Carmen Rojjasi, admitió discutiblemente los documentos de Criminalística, Cartagena y de Pounder. Estos, como el cuarto dictamen –el rechazado– eran pruebas de parte hechas para que el Estado peruano las presente en la Corte Interamericana.—Al admitirse como piezas ilustrativas no las hemos podido refutar, porque no se permite discutir documentos aclaratorios en el juicio oral —dice Gloria Cano, la abogada de Aprodeh—. En realidad, eran pruebas de parte, y la sala no debió aceptarlas.

La presión pública del gobierno está dirigida a Rojjasi, con el objetivo máximo de lograr que la sentencia establezca que no hubo asesinatos. Si eso no fuera posible, desea que haya por lo menos un culpable, una cabeza que pueda ser entregada a la Corte Interamericana. La pretensión mayor está en riesgo porque la tesis del asesinato de Cruz ha ido ganando espacio hasta dentro de los mismos acusados. El pasado 3 de setiembre, en su alegato defendiendo a Hermoza Ríos en la Base Naval del Callao, el abogado César Nakazaki llegó a decir que la tesis del asesinato de ‘Tito’ estaba demostrada, lo que no ocurría con el caso de Herma Meléndez Cueva y Salomón Peceros Pedraza, los otros dos emerretistas por cuya supuesta ejecución se responsabiliza a los acusados. Respecto de estos últimos los testimonios no son tan precisos y reiterados. Sus cadáveres presentan demasiados proyectiles en el cuerpo para generar la convicción de que no murieron por enfrentamiento. Lo que no ocurre con ‘Tito’, con su único balazo en el cuello.

Lo que dijo Nakazaki sobre ‘Tito’ es lo siguiente:

—Hay prueba de que existe homicidio, pero no que Nicolás Hermoza Ríos sea el responsable.

Nakazaki, y en menor medida la abogada de Montesinos, Estela Valdivia, quien dijo en el juicio oral que aun admitiendo que hubo asesinato no podría demostrarse que su cliente era culpable, no basaron su defensa en circunstancias o testimonios probatorios de que ‘Tito’ murió en enfrentamiento. Ya hemos visto que el jefe de los comandos, José Williams, tampoco está en esa línea, pues confesó en redondo que nunca supo cómo falleció ‘Tito’. Así las cosas, el único actor empeñado en negar la ejecución es el gobierno, en una línea impulsada desde que era ministro de Justicia Juan Jiménez, por orden del presidente Humala, según fuentes confiables.

Pero a la jueza Rojjasi, en el supuesto de que ceda a estas presiones, le será difícil argumentar que ‘Tito’ no fue asesinado. Ella, según fuentes del Poder Judicial que han informado al gobierno, ya ha comenzado a redactar la sentencia que propondrá a sus pares Lizárraga y Farfán, para que pueda ser anunciada a finales de setiembre.

Para seguir la línea oficial, Rojjasi debe hacer propias las objeciones presentadas por el Ministerio de Defensa y los abogados de los acusados contra las evidencias. Que Ogura es amigo de los emerretistas y por lo tanto su testimonio es interesado. Que los peritajes contradictorios comprados a hora undécima por los ministerios de Defensa y de Justicia son más confiables que los presentados por el Ministerio Público. Que José Pablo Baraybar, firmante del informe del EPAF, no está inscrito en el Colegio de Antropólogos y que por lo tanto lo que dijo no tiene validez jurídica. Que el mítico antropólogo forense Clyde Snow, segundo firmante del informe de EPAF, no tiene autorización del Colegio Médico del Perú, y por lo tanto tampoco su dictamen debe considerarse. Finalmente, debe poner a un lado los testimonios de los policías que capturaron a ‘Tito’. ¿Pero qué puede decirse en contra de estos testigos?

Los policías Marcial Torres y Raúl Robles montaban guardia en una casa de los alrededores cuando una parte de los rehenes, conformada por ciudadanos japoneses y jueces peruanos, fue llevada hasta allí. Uno de ellos, al que luego describieron pero no pudieron identificar, les indicó por señas que había un extraño en la fila. Era ‘Tito’, a quien redujeron y entregaron después a un enviado de Zamudio. Durante 15 años nada ha podido quebrar el testimonio de estos hombres pese a las presiones recibidas, y es oportuno comparar su rol con el de los cuatro vocales supremos rescatados –Moisés Pantoja, Luis Serpa, Alipio Montes de Oca, Hugo Sivina–, que también vieron con vida a ‘Tito’. Dos policías de a pie dieron el ejemplo a cuatro jueces prominentes.

Los jueces hablaron de un sobreviviente a enfermeras que los atendieron en el Hospital Militar. Ante el Ministerio Público, antes de declarar, uno de los vocales supremos –según dijo un testigo presencial para esta nota– comentó que la verdad no la podía contar porque tenían “un pacto de sangre” con los comandos. Varias personas han hablado al respecto con el vocal Hugo Sivina, actual presidente del JNE, y saben de su boca lo que realmente ocurrió. Otros testigos que en su manifestación ante la fiscalía dijeron “no haber visto nada” le confesaron al fiscal, fuera de registro, que en realidad vieron un sobreviviente. Por supuesto, tanto los supremos como otros testigos que no desean molestarse la vida, negarán lo que saben en público.

Esto es parte de la doble moral que se aprecia notablemente en este caso. Por un lado, en los despachos de los editores de los principales medios, de los jueces de la Corte Suprema, de los fiscales superiores, de los ministros de Defensa y de Justicia, se sabe perfectamente que ‘Tito’ fue asesinado. Por otra parte, en las mismas oficinas prevalece el sentimiento patriótico de impedir una derrota “del Perú” en la Corte Interamericana, y de evitar más malos ratos a los comandos. No ha habido líderes en los sectores del Estado capaces de guiar a sus instituciones por el camino adecuado. Ya hemos visto que la Corte Suprema, en una decisión inaudita, dividió a los acusados, enviando a unos al fuero civil y a otros al militar, creando buena parte del problema que hoy subsiste. Ministros de trayectoria impecable como Pedro Cateriano y Juan Jiménez –este último, proverbial combatiente contra el fuero de justicia militar como ahora funciona– han terminado de asistentes judiciales de los acusados del SIN, abasteciendo pruebas que ellos no han pedido ni aparentemente necesitan.

Pero pese a todo su esfuerzo, lo que los ministerios de Justicia y de Defensa no pudieron fabricar son pericias contra el testimonio de los policías.

—Debo reconocer que de todas las pruebas presentadas, la que no se puede agujerear ni traer abajo es el testimonio de los policías —dijo César Nakazaki para esta nota.

De modo que es posible que el gobierno tenga que conformarse con alcanzar el segundo objetivo: lograr algún culpable como sea. Hay que decir que tampoco es tarea fácil. Las pruebas, o más bien la falta de ellas, saltan a la vista.

El Ministerio Público ha acusado de autoría mediata a Montesinos, a su lugarteniente Huamán, a su operador de confianza Zamudio, y al excomandante general del Ejército Nicolás de Bari Hermoza. El único testimonio que toca directamente a alguno de ellos es el de los policías que capturaron a ‘Tito’. Uno de ellos, Robles, dice haber hablado con Zamudio por radio y luego, siguiendo sus instrucciones, haberlo entregado a un comando enviado por él. En esta escena se pierde el último testimonio sobre el supuesto asesinato.

De acuerdo con la acusación, el SIN dirigió un operativo paralelo al de los comandos, destinado a actuar luego de la operación de rescate. Este equipo hacía filmaciones, acondicionaba el terreno para preparar la llegada de los jueces militares, y remataba a los terroristas heridos. Hay evidencia fotográfica y fílmica de la presencia de estos hombres, inmortalizados con el nombre de ‘gallinazos’ por el exministro Aurelio Loret de Mola, en la residencia de embajador. Existen imágenes de Zamudio dentro del local. También estaba allí Huamán, informando permanentemente a Montesinos. A su lado, Hermoza.

Posiblemente lo que dice la acusación sea cierto, pero los hechos señalados en el expediente podrían no ser suficientes para sentenciar culpabilidad. Según el plan operativo, Hermoza solo tenía comunicación con el general EP Jaime Patiño, el jefe militar de la operación, quien a su vez era informado por el jefe operativo, el coronel José Williams. Hermoza, por tanto, aduce que si Williams no supo que ‘Tito’ había sido capturado, él menos.

A su vez, Montesinos y Huamán arguyen completa ajenidad con la parte militar del operativo, pues Williams tenía todo en sus manos. Los abogados Nakazaki y Valdivia le han reclamado a Williams su imprecisión. ¿Cómo puede decir que no sabe cómo murió el muerto número 14? Huamán ha llamado cobarde a Williams por no asumir su responsabilidad.En cuanto a Zamudio, está desaparecido, y no hay testimonio de lo que hizo con ‘Tito’ una vez que se lo entregaron. 

La teoría del fiscal Hugo Turriate es que al haber sido entregado ‘Tito’ a Zamudio, y al pertenecer este a la cadena de mando del SIN, Montesinos y Huamán son responsables por autoría mediata. Hermoza habría consentido o conocido, o participado de la decisión. No se sabe bien quién hizo qué, y esta dispersión al acusar ha sido atacada por Nakazaki en su alegato.

—El fiscal no nos dice si planificaron, ordenaron o consintieron ejecuciones —dice Nakazaki—. ¿Cómo quiere condenarlos así?

Una posibilidad es que se reconozca el asesinato y uno o todos sean hallados culpables. Otra, que no hubo crímenes y que todos son inocentes. En ese caso, Zamudio, prófugo desde hace 11 años, podría quedar en libertad. La intermedia es que se establezca que hubo por lo menos un asesinato –el de ‘Tito’– y que los acusados son inocentes por falta de pruebas. Zamudio quedaría con el juicio pendiente hasta que algún día sea capturado.

No existe un ‘mejor escenario’ para el gobierno de cara al juicio en Costa Rica. Algunas infracciones cometidas son irreparables, como el tratamiento indebido a los familiares, lo que produciría una compensación. Tal vez, de acuerdo con expertos, si la sentencia de la Corte Superior tiene calidad, pudiera evitarse la decisión de volver a juzgar todo de nuevo. Para eso tendría que analizar lúcidamente las evidencias respecto del homicidio de ‘Tito’ y si no encontrara pruebas suficientes para sentenciar a los autores, señalar un rumbo inequívoco para continuar las investigaciones.

En San José no se va a determinar si hubo o no asesinatos, sino si el Estado realizó un juicio idóneo. Ayudará comprobar que, tras haber cometido la irregularidad de juzgar los hechos en el fuero militar, que no es independiente ni competente, ahora reencausa la investigación brindando todas las garantías a la parte civil. A ello está obligado por la Convención Americana. Pero el gobierno sigue dando evidencias de que no es imparcial en el juzgamiento de estos hechos. Cuando sale un ministro a defender una pericia que favorece a los acusados por ejecuciones –acusados que no son agentes estatales–, afirmando a voz en cuello que no las hubo, está creando una nueva evidencia en su contra ante la Corte Interamericana.

De acuerdo con lo visto en el proceso, existen pocas posibilidades de que los jueces dejen de reconocer que ‘Tito’ fue asesinado. Si, a la vez, declaran a todos inocentes por falta de pruebas, la fiscalía tendrá que volver a investigar, incluyendo a los comandos supuestamente involucrados, pues la sentencia exculpatoria del fuero militar no los inmuniza en el caso de Eduardo Cruz, que no formó parte de ese expediente. Por lo menos tienen que dar mayores explicaciones, respuestas más precisas. Como preguntó Huamán en una de las audiencias, refiriéndose al supuesto asesinato:

— ¿Qué hacían ellos mientras nosotros lo matábamos?