Realizar un pedido “lo más genérico y breve posible” es la estrategia de la PCM para obtener las facultades legislativas en materia económica que solicitó Pedro Cateriano. Ello a pesar de que, desde el primer día de su premierato, la oposición le advirtió que no respaldará un pedido amplio e impreciso. 

Escribe: Alejandra Cruz Cuevas

En los próximos días, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, formalizará el pedido de facultades al Congreso de la República para legislar en materia económica y administrativa. Sin embargo, a pesar de lo solicitado por la oposición, el pedido no será detallado ni específico.

De hecho, según un oficio enviado el pasado 12 de mayo por el secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Manuel Mesones Castelo, a su par del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kitty Trinidad Guerrero, en el proyecto de Ley que se enviará al Congreso “la redacción de las materias objeto de delegación de facultades deberán ser lo más genéricas y breves posibles, a fin de no entorpecer el procedimiento de aprobación”. La pregunta es si las leyes que pretende aprobar el Ejecutivo no implican cambios sustantivos demasiado para un gobierno que está de salida.

Como se recordará, tan pronto Cateriano recibió el voto de confianza, varios congresistas de oposición le advirtieron que no le darán al gobierno las facultades legislativas si eran generales o amplias.

El pepecista Juan Carlos Eguren señaló que existe el peligro de que el gobierno de Humala deje atado de manos al siguiente. “Lo normal para delegar facultades es que sea al inicio del nuevo gobierno. De salida, en el último año, no vemos que sea necesario ni conveniente. Se estaría atando de manos al gobierno entrante con un marco jurídico que no necesariamente responde a las necesidades de la próxima gestión”, advirtió.

Luis Iberico, de la misma bancada, reconoció que el gobierno está en su derecho de plantear que se le deleguen facultades. Pero advirtió: “Si son por temas precisos, el Congreso procederá como siempre lo ha hecho. Eso sí, no se pueden admitir propuestas amplias de donde puede salir cualquier cosa", dijo Iberico, descartando que el Congreso otorgue un cheque en blanco.

¿Cambio en Indecopi?

Como tal, el proyecto de Ley adjunto al oficio detalla que el otorgamiento de facultades sería por un periodo de 180 días calendario y autorizaría al Ejecutivo para legislar sobre materia económica y administrativa con tres propósitos específicos (ver artículo 2).

En primer lugar, el gobierno podría legislar para fortalecer la organización y optimizar los procedimientos de los ministerios, organismos públicos y organismos reguladores. Descrito de manera genérica, como pide el oficio enviado por la PCM y como está redactado el proyecto de Ley, estas son funciones naturales del Ejecutivo.

Pero el secreto está en los detalles. Ha trascendido, por ejemplo, que entre los sistemas administrativos y funcionales que se buscará reformar, de obtenerse las facultades, se debate el posible paso de Indecopi, actualmente adscrito a la PCM, a depender directamente del MEF. Lo curioso es que ello se haría a través de un decreto legislativo que ha sido preparado por César Juan Zegarra Robles, Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas (Minem), como detalla otro proyecto de ley al que pudimos tener acceso. 

Dentro del propio Ejecutivo existe preocupación por que está medida esté relacionada con el hecho de que fue Indecopi la que falló en contra de un pedido de las empresas mineras para dejar de pagar el aporte por regulación, tratando así de vulnerar las fiscalizaciones que la OEFA aplica a sus actividades.

Reorganización de entidades reguladoras

En segundo lugar, el gobierno estaría en capacidad de emitir decretos legislativos que mejoren “la gestión pública de las entidades en reorganización”. El proyecto, sin embargo, no precisa a qué entidades se refiere. Al respecto, nuestras fuentes precisaron que en los próximos días todas las entidades reguladoras entrarían en reorganización con la publicación en el diario oficial El Peruano de modificaciones en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Ello incluiría a la Superintendencia Nacional de Salud (Sunasa), la Superintendencia del Mercado de Valores, Osinergmin, OEFA y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Finalmente, el artículo 2 del mencionado proyecto de Ley también daría facultades al gobierno para agilizar la inversión pública y privada, las obras por impuestos y las asociaciones público-privadas, a nivel local, regional y nacional, en línea con el objetivo de destrabar las inversiones.

Ya en su momento Cateriano había adelantado que el pedido contribuiría a "reformar la legislación de los distintos sistemas administrativos y funcionales para agilizar la inversión pública y privada, las obras por impuestos y las asociaciones públicas - privadas en los tres niveles de gobierno"; tal como se lee en el proyecto de ley que seguía trabajando el Ejecutivo la semana pasada.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, recalcó recientemente que las facultades incluidas en materia económica serían básicamente para acelerar la inversión.

Asimismo, señaló que algunas bancadas parlamentarias ya adelantaron su respaldo, por lo que es “muy importante” para el Poder Ejecutivo obtener esta delegación de facultades porque se podrán evitar demoras en muchos proyectos de inversión. “Necesitamos darle a la población una señal clara de que las cosas las vamos a sacar, y las vamos a sacar rápido”, anotó.

¿Más paquetazos?

Cabe recordar que este pedido de facultades vendría a sumarse a los cinco paquetes reactivadores que el gobierno ha impulsado desde junio del año pasado. A la fecha, todos han resultado insuficientes, pues los analistas económicos consultados por el Banco Central de Reserva (BCR) continuaron recortando en abril sus proyecciones económicas de crecimiento para este año de 3,6% a 3,1%; al igual que las entidades financieras, que pasaron de 3,5% a 3% en sus cálculos, y las empresas no financieras, que retrocedieron en sus estimados de PBI local de 4% a 3,5%. 

Y es que en cada paquete de medidas, el gobierno ha aprovechado no solo para dictar medidas de reactivación económica en el corto plazo, sino para hacer cambios sustantivos en diferentes instituciones y normativas, lo que en su momento ha generado críticas. Hacerlo a mitad de su mandato puede tener validez; pretender hacer cambios de estructura a su salida, puede terminar generando más incertidumbre que confianza.