Martín Belaunde Lossio consiguió un eficaz despliegue de relaciones e influencias para lograr contratos a favor de un puñado de empresas. En por los menos tres regiones, las evidencias señalan un hipotético modo de operar, que en su etapa final implicaba dejar de ejecutar las obras. Por eso, hoy asoma la acusación de corrupción. ¿Alcanzará para probar que Belaunde digitó los procesos de licitación? Conocer cómo operó puede ser un inicio revelador.

Escribe: Daniel Yovera

En las regiones en las que operó, Martín Belaunde Lossio comenzaba con la promesa de garantizarle al presidente regional soporte político y mediático. Luego, apoyo financiero desde el Gobierno central para la ejecución de proyectos en la región. Pasaba entonces a manejar los comités especiales para las licitaciones, para así asegurarse el control de los procesos que adjudicaban las obras. Finalmente, las obtenía. Este mecanismo es la hipótesis que trabajan las autoridades que investigan la red que extendió Belaunde en varias regiones del país. 

Pero hay tres de ellas en las que el hoy de- tenido en Bolivia aplicó de manera efectiva y casi similar su idea de negocios: Cusco, Junín y Madre de Dios.

Las tres instituciones que investigan este caso –Fiscalía, Congreso y Procuraduría Anticorrupción– coinciden en la hipótesis de que en dichos lugares Belaunde Lossio arribó al círculo central del poder regional, donde aseguró que en la capital obtendría ampliaciones presupuestales para las obras que el pueblo demandaba, con la sola condición de que estas mismas les fueran adju- dicadas a las empresas que él designara.

“Él llevó todo el paquete completo a esas regiones”, dijo una fuente con amplio conocimiento del denominado “caso Antalsis”. Pero allí terminaba la eficiencia.

En el momento de ejecutar las obras, empezaban los problemas. Por eso, al final, varios de los proyectos adjudicados a las empresas “amigas” terminaron paralizados, inconclusos y con indicios de sobrevaloración.

Existen documentos que pueden evidenciarlo, y PODER los revela.

Qué tanto podrán probar estos elementos que Martín Belaunde fue quien desde la sombra digitó los procesos de adjudicación de las obras: ese es el objetivo de la investigación. Pero el caso recién empieza y se está apuntando a reconstruir lo que pasó con esas obras y las irregularidades que las salpican. Lo encontrado hasta ahora es revelador.

CUSCO Y PROCUSCO

En setiembre del año 2012, el expresidente regional del Cusco, y hoy procesado por la justicia, Jorge Acurio Tito, creó el programa regional ProCusco, para la ejecución de obras: una oficina que no tenía presupuesto y que orgánicamente dependía de una gerencia que no existía en la estructura del Gobierno regional.

A pesar de eso, llegó a administrar 71 proyectos por S/. 213 millones. Hasta donde se conoce, Antalsis se adjudicó cuatro obras en consorcio con otras firmas locales, por un total de S/. 17.172.340.

Pese a que la suma es en apariencia modesta en comparación con lo obtenido en otras regiones, Cusco es el lugar donde Belaunde aplicó mejor su fórmula o su presunto modus operandi.

La campaña electoral que llevó a Acurio al sillón de mando contó con el apoyo decisivo del diario La Primera, en su versión regional. Belaunde no administró directamente este medio de comunicación, pero se lo dio en concesión a su amigo Vícto Mayorga Miranda,hijo del excongresista nacionalista Víctor Mayorga.

Una vez en el cargo, Acurio obtuvo del Gobierno central varios créditos suplementarios, que hoy se investigan para determinar cómo fueron gestionados. Y, entonces, en el 2012 creó ProCusco y lo puso al mando de un exfuncionario regional que estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos: José Calderón Pacohuanca.

Quince consorcios a los que se adjudicaron importantes obras provenían, curiosamente, de Áncash. Si tuvieron o no vínculo con el financista de la pareja presidencial, está bajo investigación. Pero, en lo que respecta a Antalsis, la firma española integró cuatro consorcios y se presentó a un mismo número de licitaciones.

COMITÉ ESPECIAL Y CARTAS FIANZA

Según el informe final de la investigación al programa ProCusco, realizada por una comisión de consejeros regionales, un abogado ancashino fue determinante en el rol que desempeñó el comité especial de licitación: Carlos Américo Domínguez Díaz.

“El abogado Carlos Domínguez Díaz ha presidido la comisión que ha favorecido y direccionado las licitaciones al consorcio [sic] San Jerónimo, Accha Paruro, Huara Huara y Colca, del cual [sic] es integrante la empresa Antalsis”, señala el citado informe en su página 26.

El documento, al que accedió PODER, afirma que “se puede demostrar que este abogado es parte del Gobierno nacionalista y vinculado al señor Martín Belaunde Lossio”, aunque en este aspecto, no entra en mayores detalles.

Los otros dos integrantes del comité especial también son ancashinos: Ángela Victoria Ventocilla Calderón y Marco Antonio Cuadros Zorrilla. ¿Los llevó Belaunde al Cusco? Ellos han declarado en reserva ante la comisión investigadora del caso Belaunde Lossio del Congreso, que preside Marisol Pérez Tello, y han negado conocer al detenido.

Otro hallazgo de la comisión investigadora tiene que ver con las cartas fianza que presentaron los consorcios Huara Huara y Colca. Esos documentos habían sido supuestamente extendidos por la Caja Trujillo a favor de Huara Huara y Colca, por S/. 339.450 y S/. 448.618, respectivamente. Pero eran falsos. Cuando los directivos de la entidad financiera fueron con- sultados al respecto, dijeron desconocer los papeles y las firmas que estos contenían.

A su regreso del Cusco, la presidenta de la comisión, Marisol Pérez Tello, aseguró a PODER que el caso de las cartas fianza había sido confirmado, y señaló que los integrantes del comité especial no tenían contrato con la región en el momento de ser nombrados. “Esos son hechos irregulares”, declaró.

El documento sentencia que, por lo antes descrito, “se demuestra que el señor Martín Belaunde Lossio y el señor Juan Carlos Rivera Ydrogo, estrechamente vinculados al nacionalismo y a la pareja presidencial, fueron favorecidos por la gestión del expresidente regional Jorge Acurio Tito con la licitación de cuatro obras a la empresa Antalsis, por el monto de S/. 17.172.340”.

JUNÍN: EL PUENTE COMUNEROS

En el ahora famoso puente Comuneros, que une las provincias de Chupaca y de Huancayo, separadas por el río Mantaro, hay serios indicios de presunta corrupción. Concretamente, de sobrevaloración de costos.

Para cuando el entonces presidente regional Vladimir Cerrón lanzó el proyecto (a fines del año 2011) la obra estaba presupuestada en S/. 51 millones. Recientemente, un consejero re- gional, Ginés Barrios, denunció que el Gobierno Regional de Junín (GRJ) terminó desembolsando por la estructura S/. 89 millones.

Pero los trabajos no han sido concluidos: el puente no tiene asfalto y tampoco vías de acceso. Los responsables son funcionarios de SIMA Chimbote y de la Marina de Guerra del Perú, además de la empresa a la que esta subcontrató, la española Antalsis.

A fines del 2011, cuando Cerrón promocionaba el proyecto en radios y plazas, decía que el puente Comuneros sería el segundo de mayor longitud del país (300 metros) y beneficiaría a 225 mil pobladores. Tres años después, no es ni lo uno ni lo otro. La ejecución no llega ni al 70%. Es conocido que el 10 de setiembre del 2012 Belaunde y su “socio”, el gerente de Antalsis Perú, Juan Carlos Rivera Ydrogo, visitaron las instalaciones de SIMA, que ya tenía el encargo del GRJ para la ejecución del puente, tal como fue evidenciado con la imagen que en exclusiva publicamos en Lamula.pe el 21 de noviembre pasado.

Todo caminaba muy bien, porque el 31 de octubre del mismo año el comité técnico de SIMA adjudicó la obra al Consorcio Puentes, integrado por Antalsis España y Antalsis Perú. Hoy conoceremos el contenido de documentos internos del Gobierno regional obtenidos por PODER, que ofrecen un alcance detallado de los problemas que se fueron acumulando durante ese tiempo, y solo en este proyecto.

El informe elaborado por el inspector de la obra, David Zurita Puente, y remitido el 30 de abril del 2014 al subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras del GRJ, Constantino Escobar Galván, contiene un lapidario y detallado parte sobre el expediente técnico de las vías de acceso al puente, remitido por SIMA y Antalsis. En el aspecto técnico se observó, en resumen, que el planteamiento para los accesos por

las márgenes derecha e izquierda es “parcial y no integral”, pues “no integra las vías existentes”, que la longitud en la margen derecha se superpone a terrenos agrícolas y que el acceso por la margen izquierda no es el adecuado, entre otros aspectos.

Sobre el tema presupuestario, el inspector afirma lo siguiente: que la mayoría de las partidas que conforman el presupuesto de los accesos son nuevas respecto de las consignadas en el expediente técnico original, que dichos precios varían significativamente en comparación con el presupuesto inicial, que SIMA no cumplió con presentar tres cotizaciones de precios, que no hay un análisis de precios unitarios, que no se presentaron las fórmulas polinómicas de los dos subpresupuestos de los accesos, y que no hay un desagregado de los insumos por utilizar.

Además, no se presentaron documentos relevantes y necesarios, como las especificaciones técnicas, la plantilla de metrados, los estudios básicos de ingeniería o los planos de cimentación profunda, de pilotes, de zapatas y de estribos, entre otros.

El 7 de mayo, el mismo inspector Zurita envió un segundo informe con más detalles y nuevas falencias. A fines del 2014, SIMA solicitó un presupuesto adicional para aplicar la capa asfáltica sobre la estructura, pero, como no había cumplido con sustentar los requisitos establecidos en las normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas del GRJ, en diciembre pasado se le denegó el pedido.

LOS HOSPITALES

La suerte no abandonó a los interesados. Otra de las empresas que ha sido vinculada a Belaunde es la Constructora Málaga Hermanos S. A.,

que sería en realidad con la que llegó a ganar la mayor parte de las licitaciones en el Perú, según la Contraloría.

En noviembre del 2012 el Consorcio La Merced II, integrado por Málaga y por el Consorcio JAVI SAC –este último había sido denunciado en Huancayo por falsificación de documentos–, obtuvo la buena pro para construir y equipar el Hospital II-1 La Merced, en Chanchamayo.

El monto contratado fue de S/. 84.562.085, y el monto ejecutado hasta hoy ya supera los S/. 86 millones. La obra ha sido observada por el comité de recepción, y el consorcio ha pedido 30 días más para culminarla, además de un adicional de S/.15.721.923,83, pese a que la modalidad de contratación es “a suma alzada”. El plazo máximo de entrega de los trabajos es el 28 de febrero.

El otro nosocomio que las autoridades de Junín vinculan a los negocios de Belaunde es el Hospital El Carmen o de Enfermedades Neoplásicas, en Huancayo, que se adjudicó a fines del 2014 al Consorcio Hospitalario del Centro, integrado por Málaga y Sacyr Const. S. A., por S/. 206.807.474. Pese a que las obras recién inician (deben ser entregadas en agosto del 2016), ya se han registrado retrasos.

La Fiscalía Anticorrupción a cargo del caso Antalsis señala que uno de los colaboradores de Belaunde que se movilizaron por estas regiones para intentar ejecutar sus planes fue Eduardo Francisco Seclén Orrego. Los propios expresidente y exfuncionarios regionales interrogados hasta el momento han mencionado que esta figura es clave. Seclén es considerado en las investigaciones como uno de los personajes de la red que se encargó de establecer los primeros contactos con las autoridades regionales.

MADRE DE DIOS

Un familiar del expresidente regional de Madre de Dios, Jorge Aldazábal Soto, ha narrado ante las autoridades que investigan este caso que en el año 2012 Martín Belaunde le pidió en alquiler el segundo piso de su vivienda para montar allí una oficina de prensa al estilo de Ilios Producciones, la famosa empresa de fachada que en Áncash sirvió a los fines de César Álvarez. Al final, el acuerdo no se concretó, y no se instaló Ilios ni nada parecido. Las que sí se concretaron fueron las obras.

Una de ellas fue el “Mejoramiento de la infraestructura de la IE Carlos Fermín Fitzcarrald”, por S/. 23.508.980. Según ha revelado el propio expresidente Aldazábal ante la Fiscalía, el comité especial cometió una irregularidad: cambió el contrato que el Gobierno regional había firmado con el Consorcio Fitzcarrald (conformado por Antalsis), de uno bajo modalidad de suma alzada (el monto es fijo, los desembolsos están definidos y se realizan conforme se verifica el avance las obras) a otro de precio unitario (mandan los precios unitarios de cada partida). Fue por ello que el consorcio ganador desconoció el componente de los mobiliarios y el del equipamiento del colegio, por el monto de S/. 3 millones.

La otra información que se maneja es que el propio Belaunde le pidió al presidente Aldazábal que contratara a cuatro funcionarios –Christian Fernando Rodríguez Linares, Manuel Fernando Mendizábal Pablich, Jorge Meléndez Iberico y Jesús Christian Adrianzén Torres– para que direccionen los procesos de licitaciones que la región realizaba.

Aldazábal también menciona a Francisco Seclén Orrego –el mismo al que vieron en Junín– como el hombre que acudía a las oficinas del Gobierno regional en “representación” de Belaunde.

LAS “FASES DE LA OPERACIÓN”

De acuerdo con la información obtenida por esta revista, el “operativo” que echaron a andar el exfinancista de Ollanta Humala y sus colaboradores se cumplía –según la hipótesis de trabajo de las autoridades– en cuatro momentos o fases.

En primer término, aprovechando su con- dición de propietario del diario La Primera y sus relaciones con funcionarios del Gobierno central y de Gobiernos regionales, Belaunde les proponía apoyo mediático, político y presupuestal a cambio de la obtención de obras de envergadura.

Luego, en la segunda fase, se conformaban equipos de ingenieros, economistas y abogados y se les llevaba a los Gobiernos regionales para lograr que los designen en los comités de licitaciones.

En la etapa siguiente, las empresas presuntamente vinculadas a Belaunde ganaban las licitaciones y se adjudicaban las obras.

Y en la última fase, de acuerdo con la hipó- tesis de trabajo de la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso, se efectuaban los cobros tanto a los Gobiernos regionales y locales como a las empresas que se valieron del supuesto vínculo con Belaunde Lossio y su gente.

“[En Cusco] vimos claramente que había un sistema que se repetía en algunas de las situaciones que se daban en Áncash, como el uso de la prensa para favorecer intereses deter- minados, o el manejo de los comités. Pero eso hay que construirlo”, dijo a este medio Marisol Pérez Tello.

El procurador público Anticorrupción, Joel Segura, señaló que “todos los indicios están orientados bajo esa lógica, pero tiene que ser confirmado con otro conjunto de datos”.

“De lo que tenemos ahora se puede advertir que sí ha habido un modus operandi. En Junín, en Madre de Dios y en Cusco, principalmente. Incluso, hay declaraciones de funcionarios que señalan cómo se daban esos acercamientos. Hay un contexto del cual él [Belaunde] se aprovechaba, aparentemente. Los vínculos [con las autoridades regionales] no eran solo como empresario, sino también como asesor político”, apuntó.