Como suele suceder cada cierto tiempo, la cuestión del empleo regresa a las primeras planas bajo el ropaje de formulas mágicas para resolver el problema de la informalidad laboral. Así, legos y engominados especialistas desfilan por los set de televisión repitiendo términos como “rigidez” o “competitividad” para justificar la necesidad de nuevas reformas normativas, casi siempre en el sentido de adelgazar el ya flaco morral de derechos laborales. ¿Es esta la vía para mejorar la calidad del empleo en el país? ¿Tenemos alternativas?

Primero los consensos

El laboral es, sin duda, uno de esos temas polémicos sobre los que existen consensos de partida, pero nunca de llegada. ¿Quién pone en duda que nuestro principal problema social es la alta tasa de informalidad laboral que afecta al casi 60 por ciento de los trabajadores del sector empresarial privado? ¿Cómo desvincular el subempleo de la pobre educación y la baja productividad de las empresas? Tanto en la CONFIEP como en la Plaza Dos de Mayo se identifica la informalidad como el selfie de nuestro subdesarrollo. Un problema que es atribuido a la baja y heterogénea productividad del emprendedurismo cholo; a la inexistencia de una fiscalización eficiente; a la ausencia de incentivos para trabajar en la legalidad laboral, amén de las trabas administrativas. Diagnóstico en el que coinciden, con sus matices, tanto los Neves como los Toyama boys. ¿Dónde surgen entonces las discrepancias?

Cinco falacias sobre la informalidad

La campaña iniciada por ADEX, la SNI y la CCL (un refrito de aquellos), dirigida a ampliar el alcance de los regímenes especiales de las micro y pequeñas empresas (Mypes) al conjunto de la población asalariada, se sostiene en un conjunto de postulados que, a fuerza de repetirlos, quieren convertirlos en el sentido común dominante. Veamos qué tan consistentes son estos argumentos:

1. Los costos laborales son altos y restan competitividad internacional

La idea que se quiere trasmitir con esta especie es que “la regulación laboral vigente impone costos que son impagables para la mayoría de puestos de trabajo”. ¡Eureka! El costo de la formalidad es, en efecto, alto para un sector importante de empresas. Pero, ¿lo es por la regulación laboral? ¿Dónde queda el problema de la productividad, del acceso a mercados, de mayores utilidades?

Se dice, por ejemplo, que los “sobre costos” inhiben la contratación formal de nuevos trabajadores y ahuyentan la inversión extranjera. Hasta lo que se sabe, la inversión privada y sobre todo el empleo, no dejaron de crecer el tiempo que duró el boom de los comodities, bajo el “yugo” de la legislación vigente. Tampoco aparecen cifras ni datos que sustenten esta apreciación. No se menciona, por ejemplo, que anteriores experimentos en la línea de abaratar el costo del trabajo (la famosa Ley Mype vigente desde el 2003 y otras) han tenido un impacto bastante modesto en sus objetivos. Que a pesar de la reducción significativa de los costos laborales no salariales (léase derechos laborales) –de un 54% adicional de la remuneración mensual, a 5% y 29,1% en el caso de la micro y pequeña empresa–, sólo se formalizaron el 8,4% de las primeras y el 6,7% de las segundas. O que la reducción general de la informalidad laboral se ha dado fundamentalmente en el sector sujeto al régimen de la actividad privada (en la práctica el régimen “general”, que alberga al 86% de los trabajadores privados formales). ¿Tiene sentido insistir en este tipo de formulas fallidas?

2. El problema es la rigidez laboral

Acá las anteojeras son de antología: se dice que “el Perú es uno de los países donde es más difícil despedir a un trabajador”. Que para incentivar el empleo es necesario reducir (casi eliminar) el costo del despido. Con lo cual, la rotación de personal alcanzaría un punto de equilibrio en función de las oportunidades del mercado y las capacidades del trabajador. “Lo ideal para el empleador –escribió José Carlos Saavedra en su columna en la última edición de la revista PODER– es que pueda contratar fácilmente, definir salarios acordes con la productividad, diseñar incentivos para motivar el esfuerzo de sus trabajadores, y si es necesario, despedirlos a un costo predecible y razonable”. Así de simple.

Se podría alegar que la rotación favorece a los más competentes, que equilibra los mercados de trabajo, que apunta al pleno empleo. Pero, un momento, ¿cómo tomar en serio el argumento de la rigidez cuando en nuestra legislación existen más de diez modalidades de contratación temporal o a plazo fijo, contra una sola que es a tiempo indeterminado (pero que necesita cinco años continuos para hacerse efectivo)? ¿Cómo puede ser ésta una causa de la informalidad o de la poca competitividad empresarial, cuando de acuerdo al régimen general, las empresas pueden despedir a su personal sin incurrir en el pago de ninguna indemnización, esperando tan solo la finalización del contrato temporal o alegando una causa objetiva de despido en el caso de los pocos contratados a plazo indeterminado? ¿Cómo va a ser esta causante de informalidad cuando 2 de cada 3 trabajadores del sector privado están contratados a plazo fijo?

Queda claro que no es este un factor de peso para explicar la informalidad. Incluso el satanizado derecho a la reposición reconocido por el Tribunal Constitucional –que para los trabajadores supone una alternativa a la indemnización económica (que también pretenden reducir)–, no es un derecho absoluto. Antes debe ser resuelto en un juzgado, luego de comprobar situaciones irregulares, de discriminación u hostigamiento laboral. ¿Qué se busca entonces con eliminar este mínimo de estabilidad laboral?

3. Hay que eliminar el salario mínimo, o establecer múltiples pisos. 

“El salario mínimo no sirve como política redistributiva y más bien destruye empleo formal”, es el argumento utilizado. Pues bien, quienes defienden esta postura pasan por agua fría que en el período 2005-2013, en el cual la remuneración mínima se elevó en 5 oportunidades, la tasa de informalidad laboral en el sector privado se redujo en 11,4 puntos porcentuales (pasando de 68,8% a 57,4% a nivel nacional) y el porcentaje de trabajadores que perciben remuneraciones inferiores a la mínima disminuyó en 12,1 puntos porcentuales (pasando de 46,2% a 34,1%). El sentido común más básico indicaría que un aumento en la remuneración mínima estimularía el consumo interno, el producido por empresarios locales, lo que implicaría un mayor retorno para las empresas. Y así, más empleo.

4. Los arbitrajes distorsionan las negociaciones y afectan la autonomía de las empresas

Algunos laboralistas señalan que los arbitrajes potestativos (mecanismo alternativo de solución de conflictos colectivos) incrementan los beneficios y sueldos en niveles mayores a los esperados por las empresas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de estas. Acaso ni lo uno ni lo otro. El tribunal arbitral que resuelve el pliego es escogido autónomamente por las partes, siempre que se compruebe una práctica de mala fe que obstruya la negociación. Además, ningún pliego resuelto por esta vía ha implicado, hasta la fecha, aumentos salariales superiores al 5%: un porcentaje apenas por encima de la inflación y muchas veces por debajo de la productividad total de las empresas.

5. La flexibilidad laboral es el único medio para formalizar el empleo. 

Aunque parezca mentira, los consensos sobre cómo abordar el problema de la informalidad están sobre la mesa, dispuestos para quien quiera implementarlos. Pero claro, llevarlos a la práctica tiene un costo alto; los resultados son de mediano y largo plazo; y sobre todo, hay que chambear duro para lograrlos. Y no todos están dispuestos a comerse el pleito.

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Porque, para generar las oportunidades de empleo productivo que se requieren en el país, antes que promover una competitividad espuria, basada en el ajuste de cinturones y el regateo salarial (el camino fácil), se requiere principalmente de reformas estructurales que nos ayuden a salir del marasmo productivo en el que nos encontramos. Lo cual pasa por mejorar la productividad de las empresas y de la fuerza de trabajo (el camino largo). Por diversificar nuestra oferta productiva. Por invertir en innovación tecnológica en las fábricas y empresas. Por implementar políticas agresivas y sostenidas de mejora educativa, formación y capacitación laboral. Por ampliar nuestros mercados (internos y externos) y promover encadenamientos productivos regionales. Todas medidas que requieren no solo voluntad política y mucha chamba, además de recursos. Exigen, sobre todo, el compromiso honesto de las fuerzas económicas y sociales para dejar atrás las “falsas soluciones” y encarar en serio los procesos de fortalecimiento institucional y productivo que se necesitan para revertir el problema del empleo precario. Rasgo incuestionable de nuestro subdesarrollo.

Lea también:

"Reforma laboral: Del consenso a la acción", por José Carlos Saavedra

"La rigidez laboral peruana", por Jorge Toyama.